El contexto de la pandemia ha profundizado la crisis del derecho a defender derechos en Venezuela: junto al claro debilitamiento de las garantías de trabajo de las personas defensoras y las organizaciones sociales en el contexto de la pandemia del covid-19, se ha reafirmado el deterioro del espacio cívico en el país.
Se ha constado un aumento de los ataques a personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil en un 157% con respecto a las cifras de 2019. Las detenciones arbitrarias, los actos de difamación y estigmatización y los hostigamientos, son los tipos de ataque más repetidos en el contexto venezolano. También se ha registrado un aumento de los ataques contra medios de comunicación social y organizaciones defensoras del derecho a la información como, por ejemplo, Efecto Cocuyo, VPI TV, Panorama, Tal Cual, El Pitazo, radio Fe y Alegría y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Un ejemplo paradigmático de esta estigmatización, persecución y criminalización a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos ocurrió hace apenas unos días. El 19 de enero, fueron detenidos arbitrariamente seis miembros de Azul Positivo, una ONG que trabaja en favor de las comunidades del estado Zulia, a través de campañas de salud e higiene, prevención de enfermedades, talleres de concienciación humana y asistencia material a comunidades socioeconómicamente vulnerables. Cinco de estos trabajadores humanitarios, Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz han sido llevados a juicio por este trabajo, acusados de “asociación para delinquir” y otros delitos muy graves relacionados con la ley de financiamiento al terrorismo, que tienen altas penas de prisión.
Ante esta evidencia y dando continuidad al seguimiento que las organizaciones firmantes vienen realizando en materia de registro de agresiones a personas y organizaciones defensoras, se presenta hoy la publicación Enemigos internos: defender derechos humanos en el contexto de la pandemia covid-19 en Venezuela , que constituye una actualización del informe presentado en marzo de 2020. Junto a ello lanzamos una agenda de recomendaciones para una política pública que garantice la defensa de derechos humanos en Venezuela.
Lea el informe completo en las páginas de la OMCT y de la FIDH
Lea también la agenda de recomendaciones en las páginas de la OMCT y de la FIDH
Algunas conclusiones específicas del Informe:
• Existen patrones claros de violencia y ataques contra las personas defensoras, que no constituyen casos aislados, sino que parecen confirmar la existencia de una política de Estado de persecución a las organizaciones de derechos humanos tal y como nuestras organizaciones han venido denunciando.
• Se ha utilizado por parte de las autoridades el contexto del covid-19 para redoblar esfuerzos para restringir las voces independientes en el país y el derecho a defender derechos humanos.
• La regulación de los Estados de Alarma carece de salvaguardas para los derechos humanos, en especial en lo referente al derecho a la tutela judicial efectiva, lo que ha tenido un fuerte impacto en el acceso a la justicia de quienes han visto vulnerados sus derechos humanos.
El informe es resultado de la Alianza para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, apoyado por la Unión Europea y desarrollado por COFAVIC, la Vicaría de Caracas para los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
Para más información, por favor, contacten con:
• OMCT: Iolanda Jaquemet: +41 79 539 41 06
• FIDH: José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
• COFAVIC: Yeniter Poleo: +58 424 159 84 07
• Vicaria de DDHH de Caracas: +58 4241017698
El Observatorio es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
El Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) es una asociación civil sin fines de lucro con sede en Venezuela, con una gestión de alto impacto enfocada al fortalecimiento del sistema de justicia venezolano. Es una ONG fundada y administrada por familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, hoy convertidas en defensoras de derechos humanos. Reúne la más amplia experiencia de litigio de casos venezolanos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y otros organismos de protección internacional
La Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, creada en 1989, es una organización no gubernamental venezolana encargada de promover y defender los derechos humanos, aplicando los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos.