Esta moción de vacancia tiene como origen el relato de cuatro aspirantes a colaboradores eficaces que declararon que Vizcarra habría recibido pagos de forma ilícita de 2011 a 2014, cuando fue gobernador de Moquegua. En lo que va del año, en reiteradas ocasiones el Congreso ha pretendido, sin éxito hasta el día de ayer, vacar al presidente Martín Vizcarra aludiendo razones de diversa índole, ninguna de ellas con pruebas fehacientes, ni corroboradas ni aceptadas por la Fiscalía.
Estos intentos lo que han conseguido es socavar profundamente la gobernabilidad democrática del país. La gravedad de esta decisión afecta el equilibrio de poderes y propicia la toma de decisiones populistas y en respuesta a intereses particulares, las cuales no van a tener un contrapeso en el poder ejecutivo.
La vacancia constituye un golpe parlamentario. El presidente Vizcarra debió ser investigado por presuntos actos de corrupción antes de llegar al ejecutivo, sin embargo, lo que corresponde no es la aplicación de un artículo sobre incapacidad moral, más aún sabiendo que entre quienes votaron por su vacancia hay también personas investigadas y procesadas por graves delitos.
“Quienes han votado a favor de la vacancia presidencial, han entregado el poder a grupos con intereses particulares sobre la educación, el tráfico de terrenos, el transporte, la trata de personas, entre muchos otros”
Esta vacancia, en plena crisis de la pandemia por el Covid-19, y a solo 5 meses de concluir su mandato, constituye un ejercicio irresponsable del poder y una interpretación caprichosa de las facultades que la constitución del Perú establece.
Resulta sumamente peligroso el fin de la separación de poderes, la reversión de la reforma política en curso, el freno a la lucha contra la corrupción que había permitido encarcelar a buena parte de la antigua clase política (incluyendo varios ex presidentes), el desbarate del proceso de formulación del plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos, así como una previsible ofensiva proextractivista contra los derechos humanos de trabajadores, comunidades y pueblos indígenas, alentada por una codicia empresarial sin límites que urge por una inmediata reactivación de la economía al costo que sea
La FIDH y sus organizaciones miembros en el Perú estarán vigilantes ante las acciones que se emprendan como gobierno, ante las legítimas demandas de la población frente a una situación que se considera fuera del marco constitucional, y a que las elecciones presidenciales previstas para el 11 de abril de 2021 se realicen de forma democrática y transparente.