En un comunicado de prensa del 3 de abril del 2008, el Observatorio había expresado su preocupación y su rechazo en cuanto a la denuncia por "delito de terrorismo y otros" contra 35 defensores del medioambiente hecha el 24 de marzo de 2008 por parte de la Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas. El Observatorio argumentó que dichos hechos constituían una persecución contra defensores de derechos humanos que ejercen sus derechos ciudadanos frente a una actividad que pone en riesgo los recursos naturales.
El Observatorio ha conocido al respecto, que en el mes de enero del 2009 el Fiscal Superior dictaminó que el caso de estos defensores del medio ambiente sea transferido a la Dirección contra el Terrorismo - DIRCOTE - PIURA, para continuar con las investigaciones, y eventualmente, denunciar el caso ante el poder judicial. Lo anterior debido a una apelación por parte de los denunciantes contra la decisión del Fiscal de la instancia inmediata inferior de archivar el proceso contra los 35 defensores de derechos humanos. El Observatorio desea confirmar su firme rechazo contra esta reciente decisión que se inscribe en un contexto de permanentes violaciones a los defensores de derechos humanos en Perú.
Cabe recordar que tales defensores militan contra las acciones de la minería Río Blanco Cooper S.A. que se encuentra en la mencionada comunidad. Minería contra la cual ya existe una investigación por no haber respetado los derechos de las comunidades campesinas y que tuvo que pagar una multa por no haber cumplido compromisos asumidos en sus estudios ambientales y por daños al medioambiente, por lo cual se ha ganado el total rechazo de las poblaciones de Piura, quienes temen además por las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas que traería para Piura.
Al respecto, el Observatorio ha conocido que pese a la oposición de los habitantes de estos lugares, el gobierno peruano insiste en apoyar esta explotación minera contraria a los intereses de las poblaciones locales y además, persigue a los defensores del medio ambiente, que asumen la defensa de dichos intereses. Prueba de esto, es el Decreto Supremo 024 publicado por el gobierno peruano el 27 de diciembre del 2008 que declara de "necesidad pública" la concesión de 35 denuncios mineros al consorcio chino Zijin, propietario del proyecto minero Río Blanco Cooper S.A, cuya presencia es ilegal en Piura según la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República quiénes se apoyan en la prohibición constitucional de que los extranjeros tengan propiedades o concesiones a menos de 50 kilómetros de la fronteriza.
El Observatorio llama al Gobierno peruano a que condene con firmeza estos procesos judiciales y reconozca públicamente la labor de los defensores de derechos humanos. El Observatorio urge a las autoridades peruanas a que aseguren la seguridad e integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos y del medioambiente. El Observatorio solicita también a las autoridades peruanas que tomen las medidas más urgentes y pertinentes para que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento e intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en Perú, asegurando la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998.
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