El domingo 17 de abril, 200 efectivos policiales del escuadrón DINOES arremetieron contra los habitantes de Oyón, representados por el Comité de lucha de la comunidad campesina, que protestaban en la unidad de producción Uchucchocua en exigencia del respeto y cumplimiento de los acuerdos firmados en los años 2001 y 2006, entre los cuales destacan: el cese a los abusos por parte de funcionarios de la mina contra la población, la verificación de hitos en las áreas cedidas a la empresa minera Buenaventura, que ha ocupado mayor cantidad de terreno de los que se ha cedido, y la preocupación por la desaparición de cinco lagunas y la contaminación de los ríos.
En el enfrentamiento resultó muerto por impacto de bala un menor de edad de quatorce años. También resultaron heridas cinco personas y 12 fueron detenidas. Estos hechos se suman a la represión a principios de abril de las protestas realizadas en contra del proyecto minero conocido como Tía María en la región de Arequipa, que causó la muerte de tres manifestantes. Si bien las autoridades peruanas accedieron a las demandas de la población cancelando el proyecto Tía María, resulta sumamente preocupante que se recurra, una vez más, a la utilización desproporcionada de la fuerza contra los ciudadanos movilizados para defender y exigir sus derechos en el marco de la implementación de proyectos mineros.
«Denunciamos y condenamos la actitud del gobierno peruano ante las protestas relacionadas a las actividades de las mineras. Es inaceptable que se recurra, una vez más, a la represión y a la violencia para acallar las demandas de la población en vez de favorecer el diálogo y la resolución pacífica y consensuada de los conflictos», asertó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH.
El lunes 18 de abril, la población acordó la conformación de una Comisión de mesa de diálogo, así como de un comité de verificación de los hechos, para lo cual se invitó a la Defensoría del Pueblo, y al Comité de lucha de la comunidad campesina.
La FIDH insta a las autoridades peruanas a que investiguen los hechos con celeridad y presenten ante la justicia a los responsables, de manera a que la ejecución extrajudicial y las violaciones al derecho a la integridad personal perpetradas en la represión de esta protesta no queden impunes.
Asimismo, la FIDH urge a que las autoridades garanticen el derecho a la manifestación y tomen las medidas más apropiadas para garantizar el cese inmediato del conflicto, la reapertura del diálogo y el cumplimiento por parte de la empresa minera Buenaventura de los acuerdos firmados, en respeto a los derechos ambientales de la población.