El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desea expresar su grave preocupación ante la presente campaña de descrédito hacia las organizaciones no gubernamentales por parte de altas autoridades del Perú, signo de la ausencia de respeto al trabajo o a los miembros de las ONG nacionales.
El 19 de enero de 2006, el Sr. Robinson González Campos, Vocal del Tribunal Supremo, Presidente de la Academia de la Magistratura y antiguo Presidente de la Primera Sala de lo Penal Transitoria de la Corte Suprema, descalificó a los defensores de los derechos humanos del Perú afirmando que "su interés real es de carácter económico y politiquero", en unas declaraciones hechas al periódico nacional El Expreso, donde afirmaba, entre otras declaraciones, en referencia a los miembros de ONG, "Yo pienso que estos señores no defienden los derechos humanos, sino que defienden sus bolsillos y defienden sus fines políticos y demagógicos".
Por su parte, el 20 de enero de 2006, el Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el Sr. Javier Velásquez Quesquén, también en declaraciones realizadas al diario El Expreso, se mostró de acuerdo con lo expresado por el Vocal Supremo, el Sr. Robinson González en el sentido de que "las ONG defienden más sus propios intereses que los derechos humanos". A este respecto, el Sr. Velásquez Quesquén afirmó "Comparto esa opinión y creo que las ONG, que son personas jurídicas que se constituyen para recibir recursos que vienen de la cooperación internacional, se arrogan una legitimidad que el pueblo no les ha dado y pretenden someter a los poderes públicos a sus designios para justificar las colocaciones que reciben y para llenarse los bolsillos". El Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso sostuvo además, ironizando, que "hay una ONG que se llama ‘Justicia de los vivos’, que presiona para que las decisiones judiciales se apliquen en función de los criterios que ellos defienden. Las ONG no pueden presionar a los poderes públicos. Es hora de ponerlas en su sitio y acabar con su arrogancia. Por lo menos yo no les reconozco ninguna legitimidad a estos señores".
En el mismo sentido, el día 20 de enero de 2006, el Presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, el Sr. Luis Ibérico Núñez, afirmó en una entrevista concedida a ese mismo periódico que "es evidente que las ONG reciben ingentes recursos económicos y deberían aplicarlos a la defensa de los derechos de todos los seres humanos y no sólo a favor de unos en desmedro de otros". Añadió que "No puede defenderse simplemente los derechos humanos de los subversivos o de las llamadas víctimas de la violencia y dejar a un lado los derechos humanos de los soldados y los policías que combatieron a los delincuentes terroristas". El Sr. Ibérico Núñez señaló además que " (...) las ONG tienen mucho poder en los medios de comunicación (...) . Añadió: "Yo he sido testigo reciente de cómo un medio de comunicación importante, a través de un programa que trata de derechos humanos ("Sin rodeos"), no me quiso entrevistar en vivo como yo lo había solicitado acerca de la ley de amnistía. Pero sí entrevistaron en vivo a los detractores del proyecto de ley. Allí se ve la imparcialidad y la objetividad de estos programas contratados por las ONG".
El 25 de enero de 2006, como consecuencia de las tres declaraciones anteriores aparecidas en El Expreso, el Vicepresidente Segundo del Congreso, el Sr. Gilberto Díaz, se felicitó por las mismas y añadió, de nuevo en una entrevista otorgada al mismo diario, « que las ONG se han convertido en un poder tras la sombra, que solventan a gente de su entorno y de esta manera pretenden desplazar a los partidos políticos para tomar ellas el control del país ». Además, dijo que « las ONG siempre han sido proclives a fiscalizar a los políticos y congresistas, pero, además de su labor fiscalizadora, deberían mantenerse al margen de la elección de cargos políticos como el de la presidencia de la República ».
El Observatorio considera que este tipo de campañas de descrédito contra los defensores de derechos humanos por parte de las autoridades nacionales, agravadas por el eco recibido en los medios de comunicación progubernamentales crean un fuerte clima de hostilidad contra los defensores y contribuye a distanciarlos de la sociedad civil, lo que les coloca en una situación de peligro aún mayor. Además, declaraciones como las de los Sres. Robinson González Campos, Javier Velásquez Quesquén y Luis Ibérico justifican de algún modo los ataques contra los defensores de derechos humanos miembros de las ONG desacreditadas e, incluso, pueden provocar futuros ataques en su contra.
El Observatorio, al reiterar su condena de estas señalizaciones y campañas de descrédito contra ONG de defensa de los Derechos Humanos, urge al gobierno peruano a que tome todas las medidas oportunas para garantizar en todo momento la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos miembros de ONG, así como para garantizarles el derecho a ejercer su trabajo y a la libertad de expresión en este país. El gobierno debería también reconocer el importante trabajo de los defensores en favor de la paz, de la democracia y del Estado de derecho.
El Observatorio urge a las autoridades del Estado de Perú a que aseguren la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de "toda persona individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1) y a "garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración" (Art. 12.2).
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