Nicaragua: destierro y muerte civil. Graves impactos en los derechos humanos ocasionados por la arbitraria privación de la nacionalidad

18/12/2023
Declaración
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INTI OCON / AFP

Declaración realizada en el diálogo interactivo sobre la situación en Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos

La FIDH deplora el uso de la apatridia por parte del régimen autocrático de Ortega-Murillo como mecanismo para reprimir a la sociedad civil en Nicaragua y llama a la comunidad internacional a atender esta inédita situación que va dirigida a inhibir la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión en el país.

París, 18 de diciembre de 2023. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) ha publicado hoy una nota (adjunta) que denuncia los graves impactos en los derechos humanos del despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense a 317 personas, ocurrido en febrero de 2023. Estas acciones, ordenadas por el régimen autocrático de Ortega-Murillo, son un ejemplo más del quiebre de la democracia en el país.

En la nota, Destierro y muerte civil: graves impactos de la privación arbitraria de la nacionalidad a personas que defienden derechos humanos y se oponen a la dictadura en Nicaragua , la FIDH repudia la utilización de la apatridia como estrategia de persecución y expulsión de opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos y todas las voces disidentes que se han pronunciado en contra de la dictadura de Daniel Ortega. En este sentido, la organización rechaza el cierre de los espacios de la sociedad civil independiente en el país.

Asimismo, es importante tener en cuenta que esta situación obedece a un contexto de represión gubernamental. Desde el 2020, las autoridades han promulgado y aplicado, de manera selectiva, diversas leyes y reformas constitucionales como mecanismo para dotar a las prácticas represivas del régimen nicaragüense de una apariencia de legalidad, que permitan, a largo plazo, silenciar a la oposición política y limitar los derechos humanos.

El documento explica la ruptura de los estándares internacionales producida por el despojo de la nacionalidad nicaragüense de 317 personas. Por un lado, se trató de una sanción arbitraria que no respetó el principio de legalidad y el derecho al debido proceso. Por otra parte, su imposición estuvo motivada en razones discriminatorias, ligadas a restringir el ejercicio de derechos fundamentales por parte de las personas privadas de su nacionalidad. Finalmente, es una violación del deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia, asumido por el Estado de Nicaragua en 2013 con la ratificación de la Convención para reducir los casos de apatridia.

De manera específica, la nota hace referencia explícita a las consecuencias más graves de la apatridia, especialmente las decisiones adoptadas por el régimen Ortega-Murillo que han buscado producir la muerte civil de las personas privadas de su nacionalidad. Así, las autoridades han promovido la eliminación de registros públicos de identidad, como copias de cédulas de identidad, actas de nacimiento o expedientes académicos; la confiscación de bienes y propiedades, a través de la expropiación de viviendas y la inmovilización de cuentas bancarias; así como la cancelación de pensiones de jubilación y la denegación de la atención en salud, lo cual aumenta la vulnerabilidad de las personas adultas mayores.

La situación de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses en el exilio es extremadamente complicada. Mientras que algunas de las 222 personas, excarceladas y desterradas, han conseguido un permiso de residencia temporal de 2 años en Estados Unidos, otras se encuentran a la espera de la resolución de sus solicitudes de asilo en otros países de acogida. En cuanto a quienes permanecen en territorio nacional - como el caso de Monseñor Rolando Álvarez y Vilma Núñez, ambos finalistas al Premio Sajarov, que otorgó este año el Parlamento Europeo - se encuentran en una situación de total vulnerabilidad, sin poder tener acceso a ningún recurso que salvaguarde la integridad de sus derechos fundamentales.

El panorama presentado en el documento no es exhaustivo. Los casos expuestos permiten ilustrar la gravedad y sistematicidad de las violaciones de derechos humanos sufridas por personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense. Sin embargo, es necesario llamar la atención que, a la fecha, se desconoce cuál es la situación en la que se encuentra la totalidad de las personas convertidas en apátridas, quienes pueden estar enfrentando escenarios de desprotección similares o peores a los descritos en la nota.

Por ello, la FIDH hace un llamado urgente a todos los Estados y organismos internacionales a tomar todas las medidas a su alcance para afrontar esta situación aberrante y sin precedentes inmediatos en la región.

En particular, se hace un llamado a rechazar firmemente las privaciones arbitrarias de la nacionalidad impuestas por el régimen Ortega-Murillo en contra de 317 nicaragüenses y condenar las actuaciones que han profundizado los efectos de su apatridia, mencionados en el documento. A exhortar al Estado de Nicaragua a que garantice la integridad y seguridad de la defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia y de Monseñor Rolando Álvarez Lagos, quienes permanecen apátridas en el país y a que libere de forma inmediata .a todas las personas presas políticas en Nicaragua.

Igualmente, a los Estados que han acogido a las personas nicaragüenses convertidas en apátridas que adopten procedimientos especiales, simplificados y expeditos para proporcionarles protección. Y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que realice y difunda un estudio sobre la situación de apatridia de la población nicaragüense que permita una mayor comprensión del alcance y dimensión de la problemática, la identificación de las poblaciones afectadas, así como sus necesidades de protección.

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