En efecto, este miércoles 1° de octubre de 2008, el Sr. Jaentschke anunció, al reunirse con las ONG, medidas drásticas para impedir que éstas realicen "actividades partidarias" y tengan un comportamiento "para-partidario". Anunció, entre otros, la revisión de los convenios de las ONG internacionales, la revisión del marco legal de las ONG tanto nacionales como internacionales que operan en Nicaragua y la creación de un mecanismo de "fiscalización conjunta" de los financiamientos recibidos por las ONG. Manifestó además que las marchas, el alquiler de buses y el pago de mantas (para los manifestantes) no entran en "ningún plan operativo" de las organizaciones y que por lo tanto este tipo de actividad está al margen de la ley[1]. El Observatorio recuerda además que el Gobierno inició, en septiembre, un proceso de revisión del funcionamiento de 4.500 ONG registradas en el país, de las cuales 700 son investigadas por supuesto incumplimiento de requisitos legales.
Además, el Viceministro Jaentschke anunció, ese mismo día, en el programa En Vivo, del Canal 4, que no dejará que las ONG "desvirtúen" o reciban fondos del exterior (y en particular de la cooperación internacional) para "actividades políticas". Manifestó que ninguna ONG está autorizada a "triangular" (desvirtuar) los fondos para objetivos políticos. Durante su discurso señaló directamente a varias ONG, entre ellas Oxfam Gran Bretaña y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)[2]. Llamó igualmente a una vigilancia especial del Ministerio de Gobernación al respecto y se pronunció a favor de la creación de una cláusula específica en los convenios de las ONG de "no intervención en asuntos políticos" internos de Nicaragua[3].
El Observatorio manifiesta su preocupación frente a esta campaña gubernamental de difamación, señalamiento y obstaculización de la labor de los defensores de derechos humanos que trabajan en Nicaragua, la que se ha agrabado en los últimos dos días, específicamente en contra del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Esta situación es aún más preocupante dado que el Gobierno decidió cerrar varios partidos políticos de la oposición.
El Observatorio le recuerda al Gobierno de Nicaragua la necesidad para toda democracia y el deber de cada Gobierno de respetar la libertad de expresión y la labor fundamental de los defensores de los derechos humanos.
El Observatorio le recuerda también que, de conformidad con la "Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos"[4], corresponde, entre otros, a las organizaciones no gubernamentales "una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos"[5]. De conformidad con lo anterior, los Estados tienen el deber de garantizar y apoyar, cuando corresponda, el desarrollo de las actividades de estas organizaciones en su labor de promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el territorio sometido a su jurisdicción.
Por ello, y en concordancia con los lineamientos establecidos al respecto por la Organización de Estados Americanos (OEA)[6], el Observatorio recuerda también al Gobierno de Nicaragua su obligación de cesar las amenazas dirigidas a obstaculizar o reprimir la labor de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se ocupan de promover y proteger la vigencia de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos, elaborando e implementando - por el contrario - un Plan Nacional que pongan en práctica los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas mencionada en el párrafo anterior.
Para mayor información favor comunicarse con:
OMCT: + 41.22.809.49.39
FIDH: + 33.1.43.55.25.18