En la ciudad de La Haya, Países Bajos, sede de la Corte Penal Internacional (CPI), la Sra. Lucy Díaz, coordinadora del Solecito, un colectivo integrado por familiares de personas desaparecidas en Veracruz, presentó una versión pública del informe “‘Hasta encontrarlos’: desapariciones forzadas cometidas por fuerza pública en Veracruz son crímenes de lesa humanidad”. Ya se ha presentado una versión confidencial del informe a la Fiscalía de la CPI.
El informe fue elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una de sus organizaciones miembros mexicanas, IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC (IDHEAS), y el colectivo Solecito. Da cuenta del contexto de violencia, criminalidad y corrupción que prevaleció en el Estado de Veracruz durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa (diciembre de 2010 - octubre de 2016). Durante este periodo, autoridades municipales, estatales y federales fueron cómplices o colaboraron directamente en la comisión de desapariciones forzadas.
El documento de 56 páginas presenta principalmente los resultados de las investigaciones realizadas por las organizaciones firmantes sobre 41 casos de desaparición de personas ocurridos en el estado de Veracruz. En al menos 22 casos se encontraron elementos comunes y patrones que implican la participación de actores estatales. Asimismo, el informe documenta el descubrimiento de las fosas clandestinas más grandes de América Latina, hoy conocidas como “Colinas de Santa Fe” y “El Arbolillo”, ambas cerca del Puerto de Veracruz, donde se localizaron 615 cuerpos entre 2016 y septiembre de 2022. De los casos documentados en el informe, se encontraron los cuerpos de 7 víctimas en la fosa clandestina Colinas de Santa Fe. A pesar del descubrimiento de estas importantes evidencias, el informe describe la profunda omisión y negligencia por parte de las autoridades estatales en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de desaparición forzada.
“En Veracruz la complicidad entre las autoridades y la delincuencia organizada, además de la absoluta impunidad que reina en México, causaron que miles de vidas principalmente jóvenes se perdieran, convirtiendo al estado en un cementerio clandestino, donde nadie rinde cuenta de tantas muertes”
Analizando las pruebas encontradas, el informe establece que muchos de estos actos cometidos durante la administración del ex gobernador Duarte de Ochoa constituyen crímenes de lesa humanidad, y solicita a la Fiscalía de la CPI que abra un examen preliminar.
“El análisis de contexto de los casos, así como las evidencias recabadas durante las investigaciones, permiten acreditar que durante el periodo que abarca el informe, existió una violencia sistemática por parte de agentes del Estado hacia un sector específico de la población del Estado de Veracruz”
En particular, los ataques se llevaron a cabo contra personas pertenecientes a zonas económicamente marginadas que, por su situación de vulnerabilidad, eran blanco del crimen organizado. Contrario a la obligación de las instituciones estatales, de brindar protección y condiciones para que ejercieran plenamente sus derechos humanos, se desplegaron operativos de persecución y violaciones graves que, hasta el día de hoy permanecen impunes, como resultado de la colaboración y complicidad de todo el aparato gubernamental.
“Este informe es una prueba más de la existencia de crímenes de lesa humanidad en México, cometidos por el crimen organizado, las autoridades estatales o ambos actuando conjuntamente. Es indignante que en Veracruz sigan ocurriendo desapariciones forzadas”
Los niveles de impunidad siguen siendo muy altos en Veracruz, a pesar del descubrimiento de las dos fosas clandestinas más grandes de América Latina en ese estado. Hoy hacemos un llamado a las autoridades federales de México para que reconozcan la existencia de crímenes de lesa humanidad e investiguen estos crímenes, e instamos a la Corte Penal Internacional a que abra un examen preliminar.
Vea aquí el informe:
Informe en español:
Informe en inglés: