Tras una solicitud de extradición, el 12 de septiembre de 2000, de parte del juez español Baltasar Garzón, el pasado 10 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó la extradición hacia España de Ricardo Miguel Cavallo, por los delitos de terrorismo y de genocidio. Esta extradición, ocurrida el 28 de junio, constituye la primera extradición basada en el principio de jurisdicción universal producida hacia el territorio de un país diferente de aquel donde se produjeron los crímenes.
La FIDH y sus organizaciones miembro acogen favorablemente el auto de prisión dictado por el juez Garzón, así como sus declaraciones públicas, mediante las que afirma que existen razones fundadas para iniciar el juicio oral de Ricardo Miguel Cavallo el próximo mes de octubre. Según Garzón, existen víctimas españolas de Miguel Cavallo y el procesado se encuentra en España, por lo que de acuerdo con la legislación española en la materia, se estarían cumpliendo los requisitos necesarios para continuar con el procedimiento.
Asimismo, la FIDH y sus organizaciones miembro se encuentran particularmente de acuerdo con la redacción del auto de prisión, en la que se afirma que el delito de tortura debe ser tenido en cuenta, aunque la extradición únicamente se produjese por crímenes de terrorismo y de genocidio.
En el sentido de la búsqueda de justicia, la FIDH solicita a los jueces en Argentina que declaren la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, para que puedan ser juzgados todos aquellos amparados por éstas. Igualmente, la FIDH y sus organizaciones miembro llaman, a que de forma inmediata el presidente de Argentina, Nestor Kirchner, haga efectiva su voluntad de derogar el decreto que hasta le fecha impide la extradición de 98 militares argentinos presuntos responsables de graves crímenes para los que se ha dictado orden de captura en el extranjero. En este sentido, la extradición y el procesamiento de Ricardo Miguel Cavallo en España constituye un importante precedente internacional.