La Primera Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación determinó otorgar, con tres votos a favor, un amparo liso y llano a la ciudadana francesa Florence Cassez, con lo que el máximo tribunal ordenó su liberación inmediata.
Los Ministros señalaron que las autoridades violaron las garantías del debido proceso y los derechos consulares al momento de la detención de Cassez, al no haber puesto a la detenida a disposición del Ministerio Público de forma inmediata y no notificar al consulado francés. Esto, señalaron los Ministros, vulneró y contaminó el proceso judicial que llevó a su posterior condena.
Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que “la decisión de la Suprema Corte sienta un muy relevante precedente para garantizar la vigencia del debido proceso en México. Tal como lo determinó hoy la Corte, cuando las autoridades vulneran con tal magnitud el debido proceso, se debe determinar la liberación inmediata de cualquier persona detenida.”
Para María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), "esta decisión debe de propiciar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas. Se debe investigar y sancionar a los responsables, tanto a los delincuentes como a los funcionarios públicos, para que estos hechos no permanezcan en la impunidad".
Por su parte, Octavio Amezcua, director del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que “la Suprema Corte no discutió sobre la inocencia o culpabilidad de Florence, sino sobre los vicios del proceso que vulneraron los derechos de la detenida. Ha sido muy claro cómo el montaje televisivo y los testimonios vertidos en la averiguación invalidaron la presunción de inocencia y violentaron el debido proceso.”
La decisión de la Suprema Corte fortalece el Estado de Derecho y la Justicia en México. Hoy, la Suprema Corte refrendó el compromiso con la justicia al hacer coincidir los principios que rigen nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. En este sentido, la decisión de la SCJN es congruente con el principio pro persona consagrado en el artículo 1° Constitucional y las resoluciones de éste tribunal como en el caso Rosendo Radilla.
Organizaciones de defensoras de los derechos humanos presentaron ante la Suprema Corte un Amicus Curiae en febrero de 2012, exponiendo los argumentos que demuestran las violaciones a los derechos humanos en el proceso en contra de la ciudadana francesa, en particular sobre la vulneración al debido proceso.
El respeto al debido proceso es un imperativo en la administración de justicia. Las pruebas obtenidas de forma ilegal mediante la violación de derechos humanos reconocidos en la propia convención americana de derechos humanos sobre la honra y dignidad no deben ser admitidas en ningún proceso judicial. La única manera de combatir los altos índices de impunidad en México será mediante el respeto irrestricto a los derechos humanos, incluido el debido proceso.
Firmantes
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O. P.” A. C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)