Del 2 al 12 de diciembre de 2002, la misión de la FIDH visitó los estados mexicanos de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y México D.F, para evaluar la implementación de las recomendaciones elaboradas por las misiones anteriores de FIDH de Noviembre y Diciembre de 2001. La misión concentró su atención en la situación de los pueblos indígenas, en el sistema de administración de justicia e impunidad, así como en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), pobreza y exclusión social.
La misión considera que tres años después de las primeras elecciones democráticas, todavía no se han producido las reformas estructurales necesarias para garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos y mexicanas. En este sentido, la misión expresa su extrema preocupación acerca de la falta de adecuación de la legislación mexicana a los parámetros internacionales en la materia. Acerca de las deficiencias estructurales existentes en materia de procuración de justicia, la misión señala particularmente la utilización de la justicia militar para juzgar casos de desapariciones forzadas cometidos durante la llamada "guerra sucia"y la ausencia de mecanismos institucionales accesibles para las victimas de violaciones de derechos humanos que les garantice su derecho a verdad, a la justicia y a la reparación integral.
Asimismo, México presenta un persistente desconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, que se están deteriorando aún mas en razón de reformas introducidas de acuerdo con compromisos financieros y comerciales (asumidos mediante acuerdos regionales de integración comercial o respecto de organizaciones financieras internacionales). Tales reformas implican: la adopción de políticas económicas prejudiciales para la mayoría de la población; reiterados conflictos generados por el no respecto al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, la impunidad de sus violadores y el constante planeamiento e implementación de mega proyectos en áreas donde el medio ambiente es vulnerable y que son el hábitat y fuente fundamental de recursos para los pueblos indígenas de la región.
La misión señala igualmente la ausencia de cooperación y dialogo entre la sociedad civil organizada y las autoridades y órganos gubernamentales, sobre todo los del ámbito estatal; así como la tendencia de tales autoridades de desconocer o menoscabar las demandas de las organizaciones de la sociedad civil.
Las principales recomendaciones incluidas en el informe se refieren a reformas legislativas destinadas a incluir parámetros internacionales, especialmente con relación a los derechos de los pueblos indígenas y la ratificación del Estatuto de Roma, el efectivo respeto y observancia de tal legislación como ley interna vigente, la creación de estructuras y mecanismos para la eficaz interlocución entre la sociedad civil y los órganos gubernamentales, que permitan la adopción de respuestas efectivas por tales órganos en los casos y situaciones de violaciones de derechos humanos llevadas a su conocimiento.
Javier Mújica, uno de los expertos y representantes de la FIDH que realizó el informe, se reunirá con organizaciones civiles, y autoridades como la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, el Senado, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para presentar las conclusiones del informe y verificar su cumplimiento.