Amsterdam, 14 de marzo de 2016
Sra. Ministra Ploumen:
Usted se ha comprometido a defender el legado y la lucha de Berta Cáceres. Como destacada defensora de los derechos humanos, luchaba por proteger los derechos del pueblo lenca frente a proyectos de desarrollo perjudiciales, concretamente el proyecto Agua Zarca, financiada, entre otros, por el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). Las siguientes organizaciones se unen al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para pedir al Gobierno de los Países Bajos que asuma su responsabilidad e inste al FMO a que retire su apoyo al proyecto Agua Zarca.
El FMO sabía, o debería haber sabido en el momento de su inversión en 2014, que el proyecto Agua Zarca podía causar conflictos y violencia. Tan solo un año antes, un soldado mató a Tomás García, uno de los compañeros de Berta, durante una protesta contra el proyecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares para proteger a la propia Berta tras las agresiones, criminalización, amenazas e intimidación de las que venía siendo objeto desde hacía varios años. Esto debería haber alertado al FMO de los graves riesgos que corren las defensoras y defensores de los derechos humanos en Honduras, especialmente cuando trabajan con los derechos ambientales y los relacionados con los recursos naturales. Asimismo, debería haber sido consciente de que el Gobierno de Honduras no protege los derechos de los pueblos indígenas. El proyecto no se estaba desarrollando en un lugar vacío, sino en un entorno en el que era imposible que se aplicasen de forma adecuada las políticas ambientales y sociales del FMO. Hace apenas unas semanas que, a pesar de los cambios en la concepción del proyecto, Berta protagonizó, junto a otras más de cien personas, una protesta pacífica contra el proyecto, que fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad. Si antes quedaba alguna duda, el asesinato de Berta demuestra ahora inequívocamente que este proyecto no se puede llevar a cabo sin más violencia.
Tampoco se trata de un incidente aislado. De forma análoga, el resto de inversiones del FMO en Honduras, América Central y en otras partes, han generado conflicto, división y a veces violencia. La inversión del FMO en el Banco Ficohsa está ligada a la violencia en el Valle del Bajo Aguán de Honduras a consecuencia de las operaciones de Dinant y de otras grandes empresas de aceite de palma. La presa de Santa Rita y la de Barillas Santa Cruz en Guatemala, así como la presa de Barro Blanco en Panamá, afectan a las comunidades indígenas y se han producido protestas y represalias. Las conclusiones del Mecanismo Independiente de Quejas del FMO (ICM), en su investigación sobre la presa de Barro Blanco, se hacen eco de las dudas surgidas en relación al proyecto Agua Zarca. El ICM consideró que el FMO no tenía información suficiente sobre los derechos indígenas cuando hizo su inversión y que "no había tenido en cuenta con la seriedad suficiente la resistencia de las comunidades afectadas".
El Gobierno de Holanda tiene la obligación, según la ley de derechos humanos, para asegurar que sus empresas estatales respetan los derechos humanos en sus operaciones. Como accionista mayoritario, es responsable de las repercusiones de las inversiones del FMO y debe ejercer su autoridad para evitar que se produzcan más efectos adversos. Puede y debe haber un momento para discutir los cambios necesarios en la política en el FMO para asegurar que las futuras inversiones respetan totalmente los derechos de los afectados, en particular los derechos de los pueblos indígenas. Pero ahora, pedimos al Gobierno que tome de inmediato las siguientes medidas, para garantizar que ya no contribuye a generar conflictos ni violaciones de los derechos en Honduras:
• Obligar al FMO a que desinvierta en el proyecto Agua Zarca;
• Obligar al FMO a realizar una revisión de su cartera de inversiones para determinar si está invirtiendo directa o indirectamente en cualquier otro proyecto en el territorio lenca;
• Emplear todos los medios diplomáticos a su alcance para garantizar el regreso seguro de Gustavo Castro, testigo del asesinato de Berta a México, como ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Informe Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos; y
• Pedir a las autoridades que apoyen una investigación independiente completa e imparcial, que implique a las organizaciones internacionales de derechos humanos, coordinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que persiga a los autores materiales e intelectuales del crimen.
Pedimos la oportunidad de hablar con usted con más detalle para informarle de nuestras inquietudes. Le transmitimos asimismo nuestras dudas con respecto los demás inversores en Agua Zarca, FinnFund y el Banco Central Americano para Integración Económica (CABEI), y les pedimos que no realicen inversiones.
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