Honduras: Retraso judicial vulnera acceso a la justicia para Berta Cáceres

13/12/2023
Declaración

Ante la demora de más de siete años en el caso de Berta Cáceres, la Misión de Observación Calificada y diversas organizaciones, incluyendo la FIDH y la OMCT en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, lanzan un urgente llamado a la Corte Suprema de Justicia en Honduras. La inquietud sobre la justicia persiste entre las víctimas, cuestionando las garantías de no repetición que el Estado debe salvaguardar.

12 de diciembre de 2023. Preocupada por el acceso a la justicia en el caso de Berta Cáceres, la Misión de Observación Calificada y organizaciones internacionales y nacionales que han acompañado la Causa, hace hoy un nuevo llamado a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva urgentemente los dos recursos de casación actualmente estancados en la Sala de lo Penal. La demora judicial durante años causa en las víctimas inquietud sobre la justicia y pone en entredicho las garantías de no repetición que el Estado tiene la obligación de asegurar.

Desde los muy observados procesos judiciales a los autores materiales y el coautor del crimen, en 2018 y 2021, respectivamente, esta Misión ha hecho reiterados llamados al sistema de justicia hondureño para que cumpla con prontitud los plazos judiciales. La garantía judicial del plazo razonable constituye un presupuesto imprescindible del debido proceso legal, del cual emerge categóricamente la necesidad de definir y observar dicha garantía en beneficio de quienes tienen asuntos pendientes o pretenden acceder a la administración de justicia, y así obtener una pronta resolución de aquéllos por la vía judicial.

Durante su audiencia de lectura de sentencia el 20 de junio de 2022, Roberto David Castillo Mejia fue condenado a 22 años y 6 meses por haber sido encontrado responsable en su calidad de coautor en el asesinato de Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016. El Sr. Castillo laboraba para la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y los medios de evidencia demostraron que tuvo un papel decisivo en la planificación del asesinato de la lideresa Lenca.

Durante la audiencia de lectura de sentencia el 2 de diciembre de 2019, el Tribunal de Sentencia condenó a Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo a 30 años y 6 meses de prisión por su rol como coautores en el asesinato de Berta Cáceres. Por su parte, Mariano Díaz fue condenado a 30 años de prisión como autor por omisión del crimen. Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte fueron condenados a 34 años de prisión por su rol en dicho asesinato, y a 16 años y 4 meses de prisión por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en contra de Gustavo Castro.

Por más de un año y medio, y cuatro años, respectivamente, no ha habido una resolución definitiva sobre los recursos de casación planteados por las defensas, dejando a las víctimas sin garantía efectiva de sus derechos. Esta inseguridad jurídica pone en riesgo el debido proceso y las garantías de las víctimas a la reparación digna y a la no repetición, dejándolas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a una justicia plena.

Hace apenas unos días, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra Daniel Atala por el asesinato de Berta Cáceres. Atala era el director financiero de DESA al momento del crimen y presuntamente coordinó el asesinato con el coautor David Castillo. Reiteramos el llamado de la familia de Berta Cáceres y del COPINH para que se lleve a cabo un proceso judicial pronto y riguroso para deducir las responsabilidades de todos los autores de este crimen.

Instamos a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras a resolver los dos recursos de casación, pues le recordamos que la tutela judicial efectiva de los derechos humanos no solo implica la posibilidad de acceso a la justicia o la existencia formal de recursos, sino también que estos sean adecuados, efectivos y que sean resueltos en un plazo razonable.

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  • Co-firmantes

    Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

    Organizaciones de la Misión de Observación Calificada:
    Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Guatemala
    Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Honduras
    Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” CCAJAR, Colombia
    Equipo Juridico por los Derechos Humanos (EJDH), Honduras
    Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-sj), Honduras
    FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Internacional
    Guatemala Human Rights Commission (GHRC-USA), Estados Unidos/Guatemala
    Organización mundial contra la tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Internacional
    Plataforma Internacional contra la Impunidad, Internacional
    Joseph Berra, Promise Institute for Human Rights, UCLA School of Law, Estados Unidos
    Robert F. Kennedy Human Rights, Estados Unidos/Internacional

    Organizaciones acompañantes de la Causa:
    Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
    JUBILEO SUR/AMÉRICAS
    Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES)
    Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginales de Guatemala (ACONAPAMG)
    Diálogo 2000 - Jubileo Sur Argentina
    Red de Promotoras de Género Construyendo Futuro (Argentina)
    Marcha Mundial de Mujeres Macro Norte Perú
    Acción Ecológica- Ecuador
    Comuna Caribe-Puerto Rico
    Voces Ecológicas-Panamá
    Centro Memorial Martin Luther King- Cuba
    Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (CONAMINH)
    Sindicato de trabajadores del petróleo OWTO-Trinidad y Tobago
    Censat Agua Viva-Colombia
    Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
    Comunicadores y Comunicadoras Populares por la Autonomía (COMPPA)

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