La APDHE y la FIDH presentarán ante la Fiscalía de la CPI, numerosos testimonios que demuestran que de manera generalizada y sistemática, las máximas autoridades de facto del Estado hondureño, desde el golpe de Estado, habrían cometido graves violaciones de derechos humanos, consistentes en miles de arrestos arbitrarios, persecución sistemática a la prensa independiente, ejecuciones extrajudiciales, tratos inhumanos, degradantes y tortura física y sicológica, amenazas de muerte, deportaciones o expulsiones ilegales, persecución a extranjeros en particular nicaragüenses, más la persecución a empleados públicos, diputados, acaldes, jueces y fiscales que se han opuesto al golpe de Estado.
En la comunicación se pide investigar igualmente a los propietarios de medios masivos de comunicación o autoridades religiosas que han hecho apología de la persecución política contra los partidarios de una asamblea nacional constituyente o que se han movilizado por el retorno del Presidente Zelaya.
La política de la Fiscalía de la CPI es la de individualizar a los más altos responsables de los crímenes que son de su competencia. La APDHE y la FIDH consideran, en este sentido, que habrían incurrido en responsabilidad penal las siguientes personas:
Roberto Micheletti, gobernante de facto y demás miembros de su gobierno; General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto y demás comandantes militares, Director General de la Policía Salomón de Jesús Escoto Salinas y demás comandantes de la Policía; Billy Joya Améndola, Asesor de seguridad del gobierno de facto, ex militar sindicado de graves violaciones de derechos humanos en la década de los 80; Jorge Alberto Rivera Avilez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Luis Alberto Rubí Avila, Fiscal General del Estado y, otros magistrados o fiscales que han pretendido legitimar el golpe de Estado con acciones judiciales y/o faltando a sus obligaciones constitucionales o legales se están haciendo igualmente responsables del crimen de persecución política; José Alfredo Saavedra Paz, Presidente del Congreso Nacional y demás diputados y diputadas que impulsaron el golpe de Estado y han alentado la persecución política de los que se han opuesto al golpe de Estado.
La APDHE y la FIDH, recuerdan que el crimen de persecución política, en tanto un crimen de lesa humanidad, es de competencia de la CPI y que Honduras es un Estado Parte del Estatuto de la CPI, y además piden a la Fiscalía tener en cuenta que el golpe de Estado se propició para impedir el derecho a la participación política de millones de hondureñas y hondureños que querían un cambio constitucional. Solicitan también al Sr. Fiscal de la CPI que tome toda medida dentro de su alcance y competencia para prevenir la continua comisión de crímenes y el deterioro de la situación en Honduras.