Ante el regreso del Presidente Zelaya a Honduras, ONG urgen acción preventiva de la Corte Penal Internacional -CPI-

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), llaman al gobierno de facto de Roberto Micheletti a retirarse para permitir la reinstalación del presidente electo, condenan que de nuevo éste haya acudido al toque de queda para reprimir la movilización ciudadana que reclama el retorno de la democracia y, advierten que presentarán este miércoles en la Haya ante la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación para que se investigue y sancione a los máximos responsables del crimen de persecución política en Honduras que continua cometiéndose por los golpistas desde el 28 de junio de 2009.

La APDHE y la FIDH presentarán ante la Fiscalía de la CPI, numerosos testimonios que demuestran que de manera generalizada y sistemática, las máximas autoridades de facto del Estado hondureño, desde el golpe de Estado, habrían cometido graves violaciones de derechos humanos, consistentes en miles de arrestos arbitrarios, persecución sistemática a la prensa independiente, ejecuciones extrajudiciales, tratos inhumanos, degradantes y tortura física y sicológica, amenazas de muerte, deportaciones o expulsiones ilegales, persecución a extranjeros en particular nicaragüenses, más la persecución a empleados públicos, diputados, acaldes, jueces y fiscales que se han opuesto al golpe de Estado.

En la comunicación se pide investigar igualmente a los propietarios de medios masivos de comunicación o autoridades religiosas que han hecho apología de la persecución política contra los partidarios de una asamblea nacional constituyente o que se han movilizado por el retorno del Presidente Zelaya.

La política de la Fiscalía de la CPI es la de individualizar a los más altos responsables de los crímenes que son de su competencia. La APDHE y la FIDH consideran, en este sentido, que habrían incurrido en responsabilidad penal las siguientes personas:

Roberto Micheletti, gobernante de facto y demás miembros de su gobierno; General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto y demás comandantes militares, Director General de la Policía Salomón de Jesús Escoto Salinas y demás comandantes de la Policía; Billy Joya Améndola, Asesor de seguridad del gobierno de facto, ex militar sindicado de graves violaciones de derechos humanos en la década de los 80; Jorge Alberto Rivera Avilez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Luis Alberto Rubí Avila, Fiscal General del Estado y, otros magistrados o fiscales que han pretendido legitimar el golpe de Estado con acciones judiciales y/o faltando a sus obligaciones constitucionales o legales se están haciendo igualmente responsables del crimen de persecución política; José Alfredo Saavedra Paz, Presidente del Congreso Nacional y demás diputados y diputadas que impulsaron el golpe de Estado y han alentado la persecución política de los que se han opuesto al golpe de Estado.

La APDHE y la FIDH, recuerdan que el crimen de persecución política, en tanto un crimen de lesa humanidad, es de competencia de la CPI y que Honduras es un Estado Parte del Estatuto de la CPI, y además piden a la Fiscalía tener en cuenta que el golpe de Estado se propició para impedir el derecho a la participación política de millones de hondureñas y hondureños que querían un cambio constitucional. Solicitan también al Sr. Fiscal de la CPI que tome toda medida dentro de su alcance y competencia para prevenir la continua comisión de crímenes y el deterioro de la situación en Honduras.

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