Demandan cese a la violencia en el Bajo Aguán e investigaciones efectivas para sancionar a responsables de asesinatos

19/08/2011
Comunicado

Las organizaciones firmantes condenan enérgicamente los asesinatos de 11 personas los pasados 14 y 15 de agosto de 2011 en el Valle del Bajo Aguán, Honduras, donde continúan los actos de violencia, las graves violaciones de derechos humanos y la impunidad de los perpetradores.

A partir de la información obtenida por parte de organizaciones nacionales de la sociedad civil, de derechos humanos, de las Fiscalías de Tocoa y Trujillo, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y mediante pronunciamientos públicos de otras instituciones del Estado, así como reportes de medios locales y nacionales, se han podido concluír los siguientes hechos:

1. El día domingo, 14 de agosto, fueron asesinados en un supuesto enfrentamiento los guardias de seguridad contratados por la Corporación Dinant Marco Antonio Guillén, José Alfredo Aguilar, José Angel Guzmán Vázquez, y José de Jesús García Flores , el obrero Ramón Leodanys Lobo Hernández, también empleado de la Corporación Dinant, y el campesino menor de edad Wilmer Javier Melgar Ramos, en terrenos ligados a la aldea Paraná, Rigores, Trujillo. Además fueron heridos 11 guardias de seguridad, y en el momento de difusión del presente comunicado, se desconoce si hubo más heridos.

2. El día lunes, 15 de agosto, fueron asesinadas por desconocidos fuertemente armados cinco personas, al salir en un pick-up de las oficinas del Instituto Nacional Agrario (INA) en Sinaloa. Las personas asesinadas en este asalto en el cual la Fiscalía no constató ningún tipo de robo fueron Bonifacio Dubón, Elvin Geovanni Ortiz Castro, Eleuterio Lara Reyes, Karla Vanesa Cacho Castillo, todos empleados de la embotelladora Pepsi que vivían en San Pedro Sula; y Migdalia Elizaldes Sarmiento Duarte, quien residía en Tocoa y poseía una caseta de venta de comidas en las instalaciones del INA en Sinaloa. Según las informaciones obtenidas, estas personas no tenían ningún vínculo con los conflictos agrarios de la zona.

3. Las principales organizaciones campesinas de la zona, el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y el Movimiento Auténtico Reinvidicativo Campesino del Aguán (MARCA) han categóricamente negado haber participado en el supuesto enfrentamiento del 14 de agosto. El Instituto Nacional Agrario (INA) reiteró esta afirmación.

4. El Ministro del INA también aclaró que los hechos reportados no están ligados al conflicto agrario como se ha manejado por parte de la empresa y algunos medios de comunicación.

5. Ante esta situación de violencia, el gobierno ordenó el 15 de agosto una nueva operación militar denominada Xatruch II, implicando el despliegue de 1.000 policías y militares en la zona, con el objetivo explícito de “poner orden en el Bajo Aguán”. El Ministro de Seguridad anunció el mismo día que posiblemente se ejecutarán nuevos desalojos en la zona.

6. El vocero de la Corporación Dinant declaró públicamente que ante los hechos de violencia del pasado domingo, el acuerdo firmado el 16 de junio de 2011 entre el Grupo Dinant, MUCA y gobierno sobre la compraventa de 4.045 hectáreas de tierras quedaba suspendido. Con ello, después del acuerdo incumplido del 13 de abril de 2010, tambien quedaría en suspenso el segundo convenio acordado para lograr una solución parcial del conflicto agrario en el Bajo Aguán.

Ante los hechos expuestos, las organizaciones firmantes:

1. Condenan enérgicamente estos asesinatos, y hacemos un llamado para que se respete el derecho fundamental e inalienable a la vida.

2. Exigen la investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de los crímenes cometidos en el Bajo Aguán. Esto incluye los asesinatos de las 11 personas del 14 y 15 de agosto, así como los asesinatos de 35 campesinos organizados cometidos entre enero de 2010 y julio de 2011[1];

3. Expresan su preocupación por el riesgo de nuevos actos de violencia y represión en el marco de la nueva operación militar Xatruch II. Hacen un recordatorio, hacia los dos procesos previos de militarización de la zona en abril y diciembre de 2010 los cuales no resultaron en la prevención de la violencia. Por el contrario, estas acciones militares generaron una mayor violencia y violaciones de derechos humanos, en particular mediante desalojos forzosos, detenciones arbitrarias y otros tipos de abuso de autoridad, en tanto las funciones de defensa avivan los conflictos y postergan soluciones civiles a los problemas sociales;

4. Reiteran su convicción de que sólo será posible lograr una salida pacífica y negociada del conflicto agrario en el Bajo Aguán mediante la puesta en marcha de políticas públicas que respeten y cumplan las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por Honduras, incluyendo las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, erradicar la impunidad, el efectivo control y supervisión de la seguridad pública y privada en la zona, la garantía del derecho a la alimentación de la población facilitando su acceso a la tierra, así como mediante el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las partes, en particular los acuerdos del 13 de abril de 2010 y del 16 de junio del 2011;

5. Aclaran de nuevo que es necesario redefinir la orientación del desarrollo rural vigente cambiando de un modelo basado en el agro-negocio y el acaparamiento de tierras a políticas que fomenten la agricultura campesina sostenible, y la implementación de una reforma agraria integral que en Honduras es mandato constitucional.

6. Reiteran su solicitud a la comunidad internacional de cumplir con su papel fundamental en la promoción de los derechos humanos en Honduras, incluyendo medidas concretas y contundentes dirigidas a la prevención de más violencia en el Bajo Aguán y a la protección de las personas en riesgo.

Organizaciones firmantes:

FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)
APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias)
CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México)
FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación)
La Vía Campesina Internacional
Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)

 [1]

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