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Estimados Señores Embajadores de los Estados Miembros de la Unión Europea en Honduras,
Nos dirigimos a ustedes como organizaciones y redes internacionales de derechos humanos y desarrollo que promueven la democracia política y social y el desarrollo humano y sostenible en beneficio de los sectores más desprotegidos de la sociedad de América Latina. Queremos expresarles nuestra profunda preocupación ante las denuncias interpuestas en contra de Carlos Amador, Martin Erazo y Marco Tulio Martinez, miembros directivos del Comité Ambientalista del Valle de Siria, así como en contra de otros 16 defensores y líderes comunitarios de la aldea de El Terrero, y 13 personas de la comunidad vecina de El Suyatal.
Estas 32 personas están acusadas del delito penal de Obstruir la Ejecución de un Plan de Manejo Forestal[1], tipificado con pena de 4 a 6 años de prisión, debido a que el 7 de abril de 2010, 600 miembros del municipio impidieron que se cortaran los árboles que protegen la micro cuenca “Quebrada el Guayabo”, situada en el Tapalito en la aldea El Terrero. Cabe destacar que la micro cuenca está protegida mediante Acuerdo CH - 498 – 2008 y por la Ley Forestal de Äreas Protegidas y Vida Silvestre y abastece de agua potable a seis comunidades del municipio del Porvenir, y la tala de los árboles que la protegen afectaría a unas 10,000 personas en su derecho al agua, entre otros. El Comité Ambientalista del Valle de Siria y las comunidades afectadas se oponen al plan de manejo otorgado a la Sra. Hayde Urrutia Mejia por el Estado hondureño al cuestionar la legalidad de dicho plan por no haberse realizado, como establece la Ley Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, un Estudio de Impacto Ambiental objetivo e imparcial. El 5 de julio de 2011, los acusados tuvieron su primera audiencia con el juez de turno, quien decretó medidas sustitutivas, entre las cuales se incluye la prohibición de que los acusados visiten el cerro que defienden.
El Comité Ambientalista del Valle de Siria fue creado con el objetivo de velar por el estricto cumplimiento de las leyes ambientales del país en el caso específico del proyecto minero San Martín, una explotación a cielo abierto de la empresa Canadiense Goldcorp y su filial Entremares en los municipios de San Ignacio, El Porvenir y Cedros (que conforman el Valle de Siria). Las organizaciones internacionales Agencia Católica para el Desarrollo (CAFOD) y Desarrollo y Paz han apoyado a las comunidades del Valle de Siria a través de un programa de investigación científica enfocado en la problemática del acceso al agua en la región en la que se encuentra este proyecto. Una misión reciente de la organización internacional Brigadas Internacionales de Paz ha solicitado a la comunidad internacional prestar una especial atención a este caso de criminalización y estigmatización del trabajo de defensa de los derechos humanos.
Es importante que la comunidad internacional observe este tipo de casos en los que un sistema judicial débil con legislaciones que imponen penas desproporcionadas obstaculiza la defensa de los derechos humanos. Visto el artículo 10 A del Tratado de Lisboa de la Unión Europea que establece la promoción de los derechos humanos como objetivo de la acción exterior europea; así como las Directrices de la UE sobre Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, solicitamos a la delegación de la UE y a las embajadas de sus Estados Miembros presentes en Honduras:
– Participar como observadores en las audiencias fijadas para el día 2 de agosto de 2011 (19 defensores de El Terrero), el 5 de agosto (13 defensores de El Suyatal), así como en posteriores audiencias previstas durante estos procesos judiciales;
– Instar al Estado de Honduras a que garantice la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
– Mediante el diálogo político instar al Estado de Honduras, a que revise la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Fiscalía del Medio Ambiente para garantizar el cumplimiento con del debido proceso en el caso de los defensores de El Terrero y El Suyatal;
– Instar al Estado de Honduras a que se realice una consulta, en conformidad con el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y a que se promueva la búsqueda de una solución que garantice el acceso a agua potable y un ambiente saludable y duradero a las comunidades del Valle de Siria;
– Instar al Estado hondureño a que cumpla con las normas internacionales en materia de derechos humanos;
– Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia forestal que exige la realización de un Estudio de Impacto Ambiental imparcial y objetivo sobre el plan de manejo forestal en este caso;
– Realizar visitas al Valle de Siria en los próximos meses y valorar “in situ” la situación descrita por las comunidades afectadas así como la criminalización de que son objeto al defender los derechos ambientales.
Le agradecemos de antemano el interés, y esperamos recibir una respuesta oficial de la Unión Europea en relación a la asistencia a la audiencia del día 2 de agosto en la brevedad posible.
Atentamente,
CIDSE
CIFCA
Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH)
Protection International
[1] Ley forestal de áreas protegidas y vidas silvestres tipifica el delito de obstaculización con penas de 4 a 6 años de cárcel (Artículo 186).
[2] Acción Urgente Estado de Honduras Continúa criminalizando Defensores de Derechos Humanos, COFADEH, julio 2011.