Elecciones en Honduras: militarización y grave atentado al poder judicial

En un informe publicado hoy, nuestras organizaciones [1] denuncian la militarización y la violencia política en vísperas del escrutinio presidencial. Recopilaron 39 asesinatos y seis atentados contra la vida e integridad de opositores políticos, en su gran mayoría del partido Libre, sólo desde mayo de 2012. Este informe es el resultado de una misión de la FIDH en Honduras que se realizó en septiembre 2013.

La violencia política, denunciada por la FIDH desde el 2009, se ha agravado en vísperas de las elecciones, en un contexto de preocupante militarización. Esto en particular con la creación en 2013 de una policía militar, mediante la Estrategia Interinstitucional en Seguridad y Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) y la Ley de Policía Militar de Orden Público (PMOP).

En este sentido, la misión de la FIDH expresó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) su preocupación por la militarización del proceso electoral, en la medida en que además de estas disposiciones legales, las Fuerzas Armadas son custodios de las urnas y del traslado de los votos al concluir las votaciones. Esta facultad a las Fuerzas Armadas en el proceso electoral se ha reforzado con la creación de la Policía Militar, pese a la específica recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación acerca del golpe de Estado que estableció la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como la prohibición de asignarles funciones policiales.

«En vísperas del escrutinio presidencial, instamos a que se garantice la realización de elecciones libres y transparentes, y solicitamos a las futuras autoridades de Honduras que deroguen las disposiciones legales por las cuales se establece la Policía Militar», afirmó Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

Frente a la situación de violencia que cuatro años después del golpe de Estado sigue asolando a Honduras, persiste la impunidad, en particular por el escaso avance de las investigaciones. Resultan sumamente preocupante la ausencia de independencia e imparcialidad de la justicia y las intromisiones del Ejecutivo en el poder judicial, como fue el caso con la destitución ilegal, por el Congreso Nacional, de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012 y las irregularidades en la designación del Fiscal General y del Fiscal Adjunto, así como en la designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura.

«Reiteramos nuestras exigencias para que se investiguen con diligencia y celeridad las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra los opositores políticos, los defensores de derechos humanos y los periodistas. Los más altos responsables de estos crímenes tienen que ser juzgados y condenados.», declaró Bertha Oliva, Coordinadora General de COFADEH.

«Es imprescindible que se fortalezca la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, dotándola de los recursos humanos y financieros necesarios, y que se asegure una plena transparencia en la designación de los altos cargos vinculados a la administración de justicia y de los integrantes del Consejo de la Judicatura», agregó Wilfredo Méndez, Coordinador de CIPRODEH.

La FIDH, COFADEH y CIPRODEH también instan a las autoridades hondureñas a fijar a la brevedad una fecha para la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Jueces y Magistrados, y en el contexto del examen preliminar sobre Honduras, solicitan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional visitar el país para evaluar la necesidad de abrir una investigación.

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