Es preocupante la coincidencia de que estas medidas extremas hayan sido tomadas días después del inicio de los procedimientos para investigar al Presidente Morales por financiamiento electoral ilícito y que las razones invocadas para prohibir la entrada al País de IvánVelásquez sean “por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública; afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”.
“Toda nuestra solidaridad con Iván Velásquez y su equipo en la CICIG, cuyo trabajo permitió develar varios focos de corrupción y crimen en altas esferas del poder. Rechazamos estas decisiones que debilitan aún mas la institucionalidad en el país y sepan que nuestras organizaciones seguirán trabajando por la vigencia del Estado de Derecho en Guatemala.”
La expulsión de la CICIG es una cuenta de cobro al trabajo realizado por ellos junto con el Ministerio público, y a los numerosos resultados en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Su trabajo permitió definir la existencia de una criminalidad compleja, compuesta por Redes político-económicas ilícitas que han cooptado al Estado guatemalteco, con prácticas políticas “normalizadas” cuyo fin es el enriquecimiento ilícito. Así parte de los resultados de este fenómeno han sido, la prisión preventiva el expresidente de la república, Otto Fernando Pérez Molina (2012-2015) por el caso de defraudación aduanera “La línea”; o la captura a comienzos de este año de once miembros del gabinete de gobierno del expresidente de la república Álvaro Colom (2008-2012), por el caso “Caso Transurbano -un fraude al Estado, Etapa I”; y finalmente la reciente solicitud de antejuicio por financiamiento electoral ilícito del Presidente Jimmy Morales.
Estos casos y otros señalados en el informe “La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales”, fueron los que llevaron a concluir que uno de los caminos para combatir la corrupción en la región debe ser el refuerzo y la ampliación de mecanismos transregionales de lucha contra la impunidad, no su desaparición como lo pretende ahora el gobierno de Guatemala.
Un Estado como el de Guatemala en el que se ha comprobado la debilidad de sus instituciones, las cuales no son independientes del poder de estas grandes redes corruptas, necesita del apoyo y asistencia, para seguir dando resultados cómo los que ha dado la CICIG.
La ONU y el gobierno de Guatemala firmaron en 2006 un acuerdo por medio del cual se crea la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad independiente cuyo mandato es apoyar a las instituciones nacionales de Guatemala a esclarecer las investigaciones sobre delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad para desmantelar estos grupos.