La FIDH junto con numerosas otras organizaciones nacionales e internacionales habían subrayado la importancia y necesidad de favorecer la continuidad del trabajo de la CICIG, un órgano eficaz en la lucha contra la impunidad y el desmantelamiento del crimen organizado.
“La decisión de prórroga es un espaldarazo al trabajo hecho por el Comisionado Iván Velásquez, el cual ha sido de suma importancia para el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas y la lucha contra la impunidad.” afirmó Karim Lahidji, presidente de la FIDH.
Esta prolongación llega tras la desarticulación de una mafia de fraude aduanero encabezado por miembros del gobierno, particularmente por el secretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón Rojas y Omar Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El destape de este escándalo reafirmó la eficacia de este órgano y confirmó su utilidad para Guatemala.
La CICIG fue creada hace ocho años en una iniciativa innovadora de las Naciones Unidas de proveer al Estado de Guatemala un apoyo en el fortalecimiento de su Estado de Derecho y depurar el gobierno de los cuerpos clandestinos que existen en su interior. El plazo de la CICIG concluía inicialmente en septiembre 2015.
La prolongación del mandato se encontraba a la espera del pedido oficial por el presidente Guatemalteco, tal como lo manifestó el Presidente Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien expresó a inicios del mes de abril su disposición a prorrogar el mandato de la CICIG si Guatemala lo solicitaba.