5 de septiembre 2023. - El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) [1] , Lawyers for Lawyers [2] , y las organizaciones abajo firmantes condenan la detención de la abogada de derechos humanos Claudia González Orellana, que tuvo lugar en la Ciudad de Guatemala el 28 de agosto de 2023.
Claudia González Orellana fue mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), comprometida con la lucha contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos y corrupción. Debido a este trabajo, ha sido objeto de acoso a través de las redes sociales y de amenazas verbales que indican que ella misma podría ser procesada penalmente. Ha enfrentado múltiples casos de acoso judicial, el último de los cuales fue un caso falso en el que se le acusó de falsificar la firma del principal fiscal anticorrupción del país.
A pesar de esta situación, Claudia actualmente utiliza sus más de 20 años de experiencia para seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos en Guatemala, ya que es asesora legal de 9 ex compañeros de la CICIG y otros exfiscales. En reconocimiento a su trabajo y dedicación fue galardonada con el premio Lawyers for Lawyers 2023.
La mañana del 28 de agosto de 2023, la abogada Claudia González fue detenida, acusada del delito de abuso de autoridad. La detención se produjo tras un registro en su domicilio ordenado por el Ministerio Fiscal, en el marco de las supuestas diligencias de investigación abiertas contra ella. Sin embargo, antes de su detención, Claudia acudió en repetidas ocasiones a la fiscalía para solicitar información sobre las posibles diligencias abiertas contra ella, sin resultado. Tuvimos conocimiento de que otros ex trabajadores de la CICIG y de la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala) también enfrentaban órdenes de captura en esa fecha. La orden de captura de Claudia fue firmada por Jimi Rodolfo Bremer Ramírez [3] , juez Décimo Pluripersonal de Primera Instancia penal. Según los informes, Claudia se encuentra actualmente en régimen de aislamiento durante su detención preventiva. El 6 de septiembre tendrá lugar la primera audiencia de su caso, a pesar de que la ley guatemalteca exige que tenga lugar en las 24 horas siguientes a la detención.
Según Claudia González, esta detención está motivada únicamente por su trabajo como abogada defensora de Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, Paola Escobar, Carlos Vides, Eva Siomara Sosa y otros, todos ellos ex miembros de la CICIG o de la FECI. El proceso penal contra Claudia representa un claro intento de represalia por su trabajo en la CICIG y por su intento de buscar justicia para aquellos que están siendo injustamente criminalizados en su profesión. La detención de Claudia deja a sus clientes desprotegidos en sus procesos legales.
Los abogados juegan un papel vital en la defensa del Estado de derecho y en la protección de los derechos humanos, y su trabajo es indispensable para la confianza pública en la administración de justicia y para asegurar el acceso a la justicia para todos.
Las organizaciones abajo firmantes desean llamar su atención sobre los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, en particular sobre el artículo 16, que establece lo siguiente:
“16. Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…) y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la falta de independencia judicial en la actuación del Ministerio Público y del magistrado a cargo del caso contra la abogada Claudia González. En particular, nos preocupa la falta de motivación para llevar a cabo el allanamiento de su domicilio y su detención.
Las organizaciones firmantes estamos preocupadas por los altos riesgos que enfrenta la abogacía de derechos humanos en Guatemala. Esta privación de libertad, sumada a las amenazas y a los hostigamientos previos derivados de su trabajo, resulta en una secuencia escalonada de incidentes, generando una violación a su integridad física, emocional y psicológica.
Por lo anterior, las organizaciones abajo firmantes instan a las autoridades guatemaltecas a:
1. Liberar inmediata e incondicionalmente a la abogada Claudia González.
2. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos al debido proceso, a la defensa legal y al acceso a la justicia en el caso de Claudia González.
3. Garantizar que todos los abogados de Guatemala puedan llevar a cabo sus actividades profesionales legítimas sin temor a represalias y libres de toda restricción indebida, incluido el acoso judicial, la detención arbitraria, la privación de libertad u otras sanciones arbitrarias.