Federación Internacional
por los Derechos Humanos

En 2002, se ha registrado un aumento significativo del número de asesinatos, amenazas, actos de intimidación,
ataques a la integridad personal, secuestros y violaciones de domicilio, dirigidos contra defensores de derechos
humanos. Sólo en la primera mitad de 2002, las organizaciones guatemaltecas de derechos humanos informaban de
125 casos de amenazas, agresiones e intimidación contra personas comprometidas en la defensa de derechos
humanos. En marzo de 2002, el Observatorio ya había señalado los números casos de violencia contra los
defensores de derechos humanos, en particular contra defensores que luchan contra la impunidad y las graves
violaciones de los derechos económicos y sociales1. Lejos de mejorarse, desde entonces la situación ha seguido
agravándose. Parte de ello es consecuencia de la impunidad que prevalece en el país y que constituye un signo
favorable para aquellos que cometen abusos contra los defensores.
El 23 de enero de 2003, la Sra Tatiana Morales Valdizon, Fiscal especial para los defensores de los derechos
humanos, y miembros del equipo técnico del Ministerio Público fueron perseguidos por varios vehículos cuando
regresaban del pueblo de Chocón, en el Departamento de Izabal dónde habían entrevistado a testigos potenciales
dentro del marco de una investigación que cuestiona la actuación de ex miembros del Departamento de Operaciones
Anti-narcóticas (DOAN). Lograron evitar a sus perseguidores y relatar el incidente a la Policía Nacional Civil
(PNC).
Este acontecimiento causa honda preocupación por parte de la Fiscalía, que ha sido creada tras la visita de la Sra.
Hina Jilani, Representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos
humanos en mayo de 2002, y cuyo mandato es investigar violaciones de derechos humanos cometidas contra defensores de derechos humanos. Forma parte de una situación de deterioración de la situación ilustrada por otros
casos recientes come el asesinato del magistrado Héctor Mauricio Rodrìguez el 13 de enero de 2003 y el atentado en
contra de la jueza Jackelin España el 10 de enero de 2003. Es necesario también indicar la muerte violenta de los
líderes indígenas Antonio Pop Caal el 18 de diciembre de 2002 y Diego Velasco Brito el 22 de diciembre 2002.
El 23 de enero de 2003, en el comunicado de prensa que anunció la publicación del informe de su misión en
Guatemala en mayo de 20022, la Sra. Jilani observó que « los principales blancos de estos atentados son los
defensores de los derechos humanos que participan en los esfuerzos para desvelar la verdad acerca de las
violaciones del pasado y los defensores que trabajan en la promoción de los derechos económicos, sociales y
culturales y los derechos de los pueblos indígenas. Los periodistas y líderes religiosos también han sido el blanco de
violaciones ». Notó también que « la participación de estructuras y grupos clandestinos en los ataques contra los
defensores de derechos humanos y el presunto vinculo de los mismos a las fuerzas de seguridad del Estado, es un
asunto de grave preocupación y debe ser atendido por el Gobierno con urgencia ».
El Observatorio recuerda que varias de las personas que se entrevistaron con la Representante especial durante su
misión fueron después amenazadas3.
En 2002, las OIG ya habían expresado sus preocupaciones sobre esta situación:
Tras su visita, efectuada en mayo de 2002 la Sra Jilani había expresado su profunda preocupación por la situación
que afectaba en particular a los miembros de ONG de Derechos Humanos, expertos forenses, jueces, fiscales,
abogados, testigos, campesinos, líderes sindicalistas, líderes religiosos y todo aquél que denuncie actos de
corrupción, como por ejemplo los periodistas.
Además, la Unidad defensores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creada en diciembre de 2001
llevó a cabo su primera visita en Guatemala del 23 al 26 de julio de 2002 tras expresar su preocupación en un
comunicado de prensa el 14 de junio. Esta visita coincidió con la organización en Guatemala, por varias ONG, de la
Segunda Consulta latinoamericana sobre defensores de derechos humanos para analizar los nuevos desafîos y
peligros que enfrentan los defensores en el continente y para definir nuevas estrategias.
Por su parte, el Parlamento europeo adoptó el 11 de abril de 2002, una resolución sobre Guatemala en la que
manifestaba preocupación por la escala de los actos de intimidación contra los que luchan contra la impunidad -
sobrevivientes, testigos, ONG, periodistas, políticos, eclesiásticos, dirigentes de trabajadores agrícolas y en
particular las amenazas contra los médicos forenses y el aumento brutal de los actos de violencia o de intimidación
contra los defensores de los derechos humanos, los sindicatos y religiosos que trabajan con las comunidades
indígenas.
Recomendaciones :
El Observatorio muy preocupado por la seguridad de Tatiana Morales Valdizon y de sus colaboradores, así que por
la seguridad de todos los defensores guatemaltecos demande a las autoridades guatemaltecas de:
– tomar en consideración las preocupaciones de toda la comunidad internacional sobre la situación y en particular
aplicar las recomendaciones exprimidas por la Representante especial en su informe;
– garantizar la seguridad y la integridad física de la Fiscal especial y de sus colaboradores, así que de todos los
defensores en Guatemala, en particular en poner fin a la impunidad de los que intentan impedir que desarrollen su
labor;
– conformarse a la Declaración sobre los defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea general de la
Naciones unidas, en diciembre 1998, en particular a su articulo 12.2 que obliga el estado Guatemalteco a garantizar
« la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda
violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria
del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración".
– de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de los derechos
Humanos, Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Guatemala.