La Federación Internacional de Derechos Humanos, organización internacional no gubernamental fundada en 1922 y que cuenta en la actualidad con 141 organizaciones miembros en más de 100 países vela por el respeto de los principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos desde una posición de independencia de toda orientación gubernamental, religiosa o política.
El informe publicado hoy es el resultado de un año de trabajo iniciado con la Misión Internacional de la FIDH llevada a cabo en Guatemala en Julio de 2004, compuesta por tres juristas de reconocido prestigio de México y Francia y asistida por CALDH, CDHG y ICCPG. La Misión pudo así entrevistarse con diferentes actores sobre la actual situación de la pena de muerte en Guatemala, comprendiendo juristas, parlamentarios y líderes políticos de todas las corrientes, sectores gubernamentales y representantes de la sociedad civil, incluyendo organizaciones abolicionistas y de víctimas de delito.
Este informe no se limita a condenar la permanencia de la pena de muerte en Guatemala, sino que examina cómo la aplicación de la pena capital en ese país centroamericano viola frontalmente las obligaciones internacionales contraídas por Guatemala. En este sentido, la Corte InterAmericana de Derechos Humanos condenó en sentencia de Junio de 2005 al Estado de Guatemala por, entre otras infracciones, violar « el derecho a solicitar el indulto o conmutación de la pena de los condenados a muerte, al no existir un procedimiento que regule la autoridad facultada para concederlo».
Los incumplimientos no se limitan a este punto y el informe de la FIDH examina con detalle cómo Guatemala contraviene aspectos fundamentales recogidos por los instrumentos internacionales tales como la obligación de no ampliar la pena de muerte a nuevos delitos después que el estado parte haya ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la obligación de limitar la pena capital para los delitos más graves, el respeto al debido proceso, con casos documentados de pruebas obtenidas bajo tortura, ausencia de interpretes maya - parlantes y las condiciones carcelarias de los condenados a muerte, consideradas como inhumanas y degradantes.
Por estas razones, la FIDH no puede sino requerir de las autoridades guatemaltecas la inmediata abolición de la pena de muerte, así como las medidas necesarias para que Guatemala cumpla con las obligaciones internacionales contraídas que garanticen el respeto íntegro de los Derechos Humanos, cuyo último corolario es el respeto insoslayable al derecho a la vida.
"La pena de muerte es una pena ineficiente, irreparable y que contraviene no solo los principios de la justicia moderna sino el primero de los derechos humanos, el derecho a la vida. 120 estados ya han abolido la pena de muerte, bien de jure o de facto. Guatemala ostenta el dudoso honor de ser el único país iberoamericano continental que sigue practicando la pena de muerte" recuerda Sidiki Kaba el presidente de la FIDH y concluye: "Espero que la publicación de este informe sea vista por las más altas autoridades de Guatemala, como una invitación y sobre todo una oportunidad de unirse al grupo de países respetuosos del derecho a la vida"