El 2 de febrero de 2007, al medio día, hombres armados secuestraron al Sr. José Roberto Morales, coordinador del área de Derechos de los Pueblos Indígenas del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), al llegar a su casa en un vehículo perteneciente a CALDH. Lo dejaron en una colonia cercana, lo amenazaron de muerte y se llevaron el vehículo que contenía una computadora portátil y documentos, los cuales aparecieron poco tiempo después intactos, evidenciando de esta forma que no se trata de delincuencia común. Paralelo a este hecho y en otro lugar, destruyeron una de las llantas de su vehículo personal del Sr. Otto Navarro, asesores legal de CALDH, a pesar de que su vehículo se encontraba en un parqueo con guardias de seguridad privada.
Entre la mañana del 3 y el amanecer del 5 de febrero de 2007 fueron allanadas las oficinas que comparten el Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH), la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UPD-MNDH) y la asociación Comunicación para el Arte y la Paz (COMUNICARTE). El 5 de febrero al rededor de las 6h00 varios miembros de las organizaciones encontraron que habían registrado los archivos, se había forzado la entrada, las puertas internas habían sido abiertas violentamente, más de 10 computadoras habían sido robadas, al igual que equipo de filmación, videos y documentación sobre el trabajo y denuncias de las organizaciones, y habían dejado excrementos humanos en la terraza. Estos hechos fueron inmediatamente denunciados, y mientras miembros de las organizaciones esperaban fuera del edificio la llegada de las autoridades, al rededor de las 8h30 un vehículo Toyota Corolla rojo, con placas 654CLO, pasó frente al edificio con una persona filmando los miembros de las organizaciones que allí se encontraban.
El 5 de febrero de 2007 por la tarde, la Sra. Ángelica González, abogada del área legal de CALDH, encontró en su vehículo una nota en la que la amenazan a ella y al equipo jurídico de la institución. La nota menciona su trabajo, señala al resto del equipo jurídico y sus horarios de comida. La Sra. González fue responsable de tramitar las solicitudes de medidas cautelares a favor del personal del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) por amenazas que ellos han recibido desde el año pasado, y del Sr. Morales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Observatorio recuerda que estas organizaciones trabajan por la lucha por la justicia en crímenes del pasado y desarrollan un trabajo constante de denuncia de violaciones de derechos humanos, y teme que estos actos de hostigamiento y amenazas formen parte de una campaña que busque atemorizarlas con el objetivo de intimidar y detener sus acciones. CALDH asesora legalmente a la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), en el caso presentado contra el ex dictador Efraín Ríos Montt y otros militares por genocidio cometido durante su período, la UPD-MNDH lleva el registro de todos los casos de ataques a defensoras y defensores de derechos humanos y COMUNICARTE estaba finalizando documentales sobre el mencionado genocidio, y otros como la Masacre de las Dos Erres[1].
El Observatorio manifiesta su preocupación por el incremento de este tipo de actos en contra de defensores de derechos humanos en Guatemala, particularmente desde octubre de 2006 cuando la Comisión Rogatoria de España visitó este país sobre el caso del ex dictador Rios Montt y otros militares. Desde esta fecha, el ECAP ha sido víctima de varias amenazas en persona, escritas y telefónicas por el trabajo psicosocial que realiza en las exhumaciones y con los sobrevivientes de la masacre de Plan de Sánchez[2].
El Observatorio expresa su rechazo de estas nuevas graves amenazas en contra de defensores de los derechos humanos en Guatemala, y vuelve a señalar su inmensa preocupación por la permanente situación de peligro existente y la persistencia de graves actos de violencia contra los mismos. El Observatorio urge a las autoridades guatemaltecas a que adopten todas las medidas oportunas y apropiadas para que todos los defensores de derechos humanos reciban una protección eficaz que les permita un cabal desempeño de sus actividades.
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[1] En esta masacre, ocurrida en 1982, asesinaron más de 350 campesinos en la población de las Dos Erres, del departamento del Petén, dentro de los cuales 67 eran niños, casi todos pertenecientes a la etnia Xamán.
[2] Esta masacre tuvo lugar en la población guatemalteca Plan de Sánchez, departamento Baja Verapaz el 18 de julio de 1982. En ella, miembros de las fuerzas armadas y aliados paramilitares, asesinaron más de 250 personas principalmente mujeres y niños y casi exclusivamente pertenecientes a la etnia Achi Maya.