París, 21 de junio de 2019.- Las organizaciones de derechos humanos miembros de la FIDH - Federación Internacional de Derechos Humanos, hacemos un llamado a los Estados Americanos a garantizar que los procedimientos para la elección de cargos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y del próximo Secretario General de la OEA estén basados principalmente en criterios de independencia, transparencia e idoneidad en lugar de exclusivos acuerdos políticos como se viene documentando en los procesos en curso, así como a renovar su compromiso con el SIDH y los valores que le inspiran.
Advertimos con preocupación que varios de los Estados del continente siguen promoviendo iniciativas de reforma a los órganos y procedimientos del SIDH invocando los principios de “soberanía” y “subsidiareidad”, que pueden traducirse en debilitamiento de sus órganos para responder a las problemáticas en derechos humanos que aquejan al continente. La FIDH y sus organismos en las Américas, llamamos a los Estados de la región a abstenerse de apoyar dichas propuestas y fortalecer su compromiso con la financiación, autonomía, independencia y cumplimiento de decisiones de la Corte – Corte IDH y Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH.
En esta sesión de la Asamblea General, corresponde igualmente a los Estados, elegir cuatro (4) Comisionados/as para la CIDH. La elección de los Comisionados y Comisionadas debería estar guiada por criterios de idoneidad moral, reconocida versación en derechos humanos, así como de independencia e imparcialidad en los términos de la Convención Americana.
Advertimos con preocupación que dos de las cinco candidaturas para cubrir estas vacantes no cumplen razonablemente dichos requisitos según el Panel Independiente de Expertos y Expertas para la evaluación de candidatos y candidatas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos . Estas son las de Everth Bustamante (Colombia) y Edgar Stuardo Ralón Orellana (Guatemala) quienes no reúnen razonablemente los criterios de independencia e imparcialidad por sus vínculos con el Ejecutivo o con presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Ninguno de ellos acredita conocimientos, experiencia o trayectoria profesional específica en materia de derechos humanos. A lo que se suma, el haber obrado en su vida pública en “contradicción directa” de normas y jurisprudencia del SIDH, así como de episodios que generan dudas sobre su idoneidad moral.
En el caso de Everth Bustamante, se han documentado pronunciamientos suyos contra fundamentos fácticos y de derecho de decisiones de la Corte IDH que el Panel Independiente constata, así como propuestas de reforma normativa en su ejercicio como Senador nacional que tergiversan los estándares del SIDH sobre fueros penales y favorecen el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos a cargo de jueces militares. Sobre Edgar Rolón se cuestiona su actuar como defensor de civiles y empresas señaladas de estar involucradas hasta con “prácticas de esclavitud”, así como su mención en los Panama Papers, que podrían dar cuenta de evasión de impuestos como ejercicio inmoral de su profesión.
La postulación de este tipo de candidatos no es un caso aislado, sino que obedece a la ausencia al interior de los Estados de procedimientos transparentes, participativos y reglados de selección que garanticen una designación en base al mérito. A fin de garantizar la vigencia de los derechos humanos de sus habitantes, los Estados deberían poner en práctica tales procedimientos de modo que les permita llevar a cabo un análisis riguroso, serio y adecuado de los requerimientos técnico-profesionales que demanda dicha selección.
Finalmente, queremos llamar la atención sobre la elección del próximo Secretario General de la OEA. Resulta lesivo para el espacio multilateral que su elección sea por aclamación, lo cual reduce su capacidad de desarrollar su mandato de manera autónoma e independiente. Reclamamos que en su designación se garantice que este sea transparente en sus gestiones y tenga como prioridad la protección y promoción de los derechos humanos y la democracia.