Hemos luchado para cerrar la prisión de la bahía de Guantánamo y acabar con la tortura que se ejerce allí desde que se creó en el año 2002. Seguiremos luchando en favor de las personas actualmente detenidas en ese lugar y de todas aquellas a quienes puedan llevar allí en el futuro, sin importar quién sea el presidente. No cesaremos hasta que se cierre esta prisión.
La suspensión de todos los traslados desde Guantánamo situaría a los EE.UU. en una posición de violación de los Convenios de Ginebra. Como señaló el Almirante de Marina Patrick Walsh en 2009, los traslados deben continuar para que los EE.UU. puedan cumplir con el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra.
La suspensión de los traslados, en espera de una nueva revisión por parte de la administración Trump, es asimismo innecesaria. Ya existe un exhaustivo proceso de revisión que aprueba el traslado de detenidos únicamente con el consenso de todas las fuerzas y agentes pertinentes de inteligencia y de seguridad del Estado. Cuestionar estos traslados, aprobados mediante este riguroso proceso entre organismos, no sirve a fines de seguridad, sino que impondría retrasos punitivos e indefinidos en la puesta en libertad de los detenidos, muchos de los cuales ya han sufrido veinticinco años de encarcelamiento sin acusaciones ni juicio.
El Centro de Derechos Constitucionales también recuerda a la administración y a los miembros del Congreso que la tortura queda absolutamente prohibida en toda circunstancia, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos y el derecho internacional, entre otros, los Convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura. Los Estados Unidos no pueden legalizar la tortura mediante la promulgación o la revocación de sus leyes.