Retirada de las sanciones contra la CPI: Biden puede hacer mucho más

Ante los dos procesos iniciados en Estados Unidos y los numerosos llamamientos de grupos de defensa de los derechos humanos, juristas, colegios de abogados, personal de la ONU y Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI), el Gobierno de Biden retiró, el viernes pasado, las sanciones adoptadas contra la CPI por la administración Trump. La FIDH y 28 de sus organizaciones miembros instan a Estados Unidos a colaborar de forma constructiva con la Corte y a demostrar su compromiso con la rendición de cuentas por los crímenes internacionales graves, incluso cuando son cometidos por quienes más poder tienen.

La anulación, el pasado 2 de abril, de la orden ejecutiva de Trump tuvo gran acogida por la sociedad civil internacional y sus aliados, entre ellos, la Unión Europea, el secretario general de la ONU y algunos países como Francia, Alemania y el Reino Unido. Sin embargo, este paso debería ser el primero de una serie de medidas para dejar atrás la difícil relación de Estados Unidos con este tribunal. Aunque Estados Unidos sigue mostrándose reticente a ampliar la jurisdicción de la CPI al personal de los Estados no signatarios, nuestras organizaciones urgen a la administración de Biden que participe constructivamente en asuntos concernientes a la Corte.

“La retirada de las sanciones, junto con la renovación de los cargos de responsable de la fiscalía y de varios jueces de la CPI, supone una buena oportunidad para que los Estados Unidos restablezca su relación con la Corte.”

Alice Mogwe, presidenta de la FIDH

Insistimos al Gobierno de Biden en que no se puede politizar la justicia para las víctimas de crímenes internacionales. La CPI es un tribunal de última instancia. Si Estados Unidos quisiera impugnar la investigación de la situación en Afganistán, debería hacerlo ante la justicia, aportando pruebas concretas y no mediante maniobras de presión que promoven la excepcionalidad estadounidense. EE.UU. ha tenido 20 años para abordar los daños causados por su programa global de tortura, pero aún prevalece la impunidad de los crímenes sufridos por personas detenidas en Afganistán y en las bases secretas de la CIA. Asimismo, la prisión de Guantánamo sigue abierta y Estados Unidos continúa reteniendo a hombres que han sido sometidos a torturas sin que se presente ninguna imputación formal.

“El Gobierno de Biden debe tomar medidas de inmediato para poner fin a estas detenciones por tiempo indefinido y cerrar finalmente la prisión de Guantánamo. Del mismo modo, Estados Unidos no ha de olvidar su compromiso con la justicia. Debe hacer rendir cuentas a quienes dirigen el programa de tortura o dejar que la CPI haga su trabajo.”

Katherine Gallagher, abogada principal del Center for Constituional Rights

Katherine Gallagher representa ante la CPI a dos supervivientes de torturas de la CIA, encarcelados en Guantánamo desde hace 15 años, Guled Hassan Duran y Sharqawi Al Hajj.

La CPI está investigando crímenes internacionales en otras situaciones, muchas de las cuales Estados Unidos apoya en consonancia con su compromiso con la justicia internacional y los derechos humanos. En los próximos meses, presionaremos a EE.UU. para que permita a la Fiscalía llevar a cabo sus investigaciones sin interferencias (incluso si esto afecta a sus aliados), retome la cooperación con la CPI y avance hacia prestar un apoyo firme al trabajo de la Corte. Estos pasos enviarán a otros países y al mundo en general un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley.

“La independencia de la Fiscalía no solo es un principio fundamental del Estatuto de Roma, sino también una característica crucial para que la Corte pueda cumplir su mandato de establecer la verdad y hacer justicia a las víctimas. A los ojos de la ley, no hay excepciones para Estados Unidos, ni para otros actores, por poderosos que sean.”

Raquel Vázquez Llorente, representante permanente de la FIDH ante la CPI

La FIDH y las organizaciones miembros abajo firmantes darán seguimiento a los pasos que Estados Unidos tome en su participación y compromisos con la CPI.

Contexto
El viernes 2 de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuló la Orden Ejecutiva 13928, que imponía sanciones económicas, civiles y penales a quienes apoyaran las investigaciones y procesos de la CPI. Esta orden ejecutiva, emitida por Trump en junio de 2020, designó específicamente a dos funcionarios internacionales de la CPI, Fatou Bensouda y Phakiso Mochochoko. Open Society Justice Initiative y cuatro catedráticos de derecho impugnaron esta decisión ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, argumentando que esta orden violaba los derechos constitucionales de las partes demandantes y les impedía llevar a cabo su trabajo en favor de la justicia internacional. El tribunal consideró que la orden ejecutiva violaba probablemente la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y dictó una orden preliminar. A principios de este año cuatro demandantes representados por la ACLU presentaron una segunda demanda ante un tribunal federal del Distrito Norte de California.

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  • Co-firmantes

    1 Afganistán - OPEN ASIA| Armanshahr Foundation
    2 Albania - AHRC
    3 Armenia - CSI
    4 Botswana - Ditshwanelo
    5 Birmania - ALTSEAN-Burma
    6 Chequia - LHR
    7 Ecuador - INREDH
    8 España - APDHE
    9 Estados Unidos - CCR
    10 Estados Unidos - CJA
    11 Filipinas - PAHRA
    12 Francia - LDH
    13 Irán - LDDHI
    14 Laos - MLDH
    15 Letonia - LHRC
    16 Líbano - CLDH
    17 México - IDHEAS
    18 Nicaragua - CENIDH
    19 Pakistán - HRCP
    20 Palestina - Al-Haq
    21 Perú - APRODEH
    22 República Dominicana - CNDH-RD
    23 Rwanda - ADL
    24 Siria - Syrian Center for Media and Freedom of Expression
    25 Tanzania - LHRC
    26 Túnez - LTDH
    27 Venezuela - PROVEA
    28 Yemen - Mwatana

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