La anulación, el pasado 2 de abril, de la orden ejecutiva de Trump tuvo gran acogida por la sociedad civil internacional y sus aliados, entre ellos, la Unión Europea, el secretario general de la ONU y algunos países como Francia, Alemania y el Reino Unido. Sin embargo, este paso debería ser el primero de una serie de medidas para dejar atrás la difícil relación de Estados Unidos con este tribunal. Aunque Estados Unidos sigue mostrándose reticente a ampliar la jurisdicción de la CPI al personal de los Estados no signatarios, nuestras organizaciones urgen a la administración de Biden que participe constructivamente en asuntos concernientes a la Corte.
“La retirada de las sanciones, junto con la renovación de los cargos de responsable de la fiscalía y de varios jueces de la CPI, supone una buena oportunidad para que los Estados Unidos restablezca su relación con la Corte.”
Insistimos al Gobierno de Biden en que no se puede politizar la justicia para las víctimas de crímenes internacionales. La CPI es un tribunal de última instancia. Si Estados Unidos quisiera impugnar la investigación de la situación en Afganistán, debería hacerlo ante la justicia, aportando pruebas concretas y no mediante maniobras de presión que promoven la excepcionalidad estadounidense. EE.UU. ha tenido 20 años para abordar los daños causados por su programa global de tortura, pero aún prevalece la impunidad de los crímenes sufridos por personas detenidas en Afganistán y en las bases secretas de la CIA. Asimismo, la prisión de Guantánamo sigue abierta y Estados Unidos continúa reteniendo a hombres que han sido sometidos a torturas sin que se presente ninguna imputación formal.
“El Gobierno de Biden debe tomar medidas de inmediato para poner fin a estas detenciones por tiempo indefinido y cerrar finalmente la prisión de Guantánamo. Del mismo modo, Estados Unidos no ha de olvidar su compromiso con la justicia. Debe hacer rendir cuentas a quienes dirigen el programa de tortura o dejar que la CPI haga su trabajo.”
Katherine Gallagher representa ante la CPI a dos supervivientes de torturas de la CIA, encarcelados en Guantánamo desde hace 15 años, Guled Hassan Duran y Sharqawi Al Hajj.
La CPI está investigando crímenes internacionales en otras situaciones, muchas de las cuales Estados Unidos apoya en consonancia con su compromiso con la justicia internacional y los derechos humanos. En los próximos meses, presionaremos a EE.UU. para que permita a la Fiscalía llevar a cabo sus investigaciones sin interferencias (incluso si esto afecta a sus aliados), retome la cooperación con la CPI y avance hacia prestar un apoyo firme al trabajo de la Corte. Estos pasos enviarán a otros países y al mundo en general un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley.
“La independencia de la Fiscalía no solo es un principio fundamental del Estatuto de Roma, sino también una característica crucial para que la Corte pueda cumplir su mandato de establecer la verdad y hacer justicia a las víctimas. A los ojos de la ley, no hay excepciones para Estados Unidos, ni para otros actores, por poderosos que sean.”
La FIDH y las organizaciones miembros abajo firmantes darán seguimiento a los pasos que Estados Unidos tome en su participación y compromisos con la CPI.
Contexto
El viernes 2 de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuló la Orden Ejecutiva 13928, que imponía sanciones económicas, civiles y penales a quienes apoyaran las investigaciones y procesos de la CPI. Esta orden ejecutiva, emitida por Trump en junio de 2020, designó específicamente a dos funcionarios internacionales de la CPI, Fatou Bensouda y Phakiso Mochochoko. Open Society Justice Initiative y cuatro catedráticos de derecho impugnaron esta decisión ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, argumentando que esta orden violaba los derechos constitucionales de las partes demandantes y les impedía llevar a cabo su trabajo en favor de la justicia internacional. El tribunal consideró que la orden ejecutiva violaba probablemente la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y dictó una orden preliminar. A principios de este año cuatro demandantes representados por la ACLU presentaron una segunda demanda ante un tribunal federal del Distrito Norte de California.