En su intento por utilizar los tribunales y este caso por supuestos daños a la propiedad para sofocar una movilización popular histórica contra el racismo sistémico antinegro, la Fiscalía General de los Estados Unidos ha puesto de manifiesto, aún más si cabe, las injusticias que han provocado y son la razón de las protestas masivas actuales.
El asesinato de George Floyd por parte un policía de Minneapolis el 25 de mayo ha dado lugar a un momento crítico de examen de conciencia a escala nacional en el marco de un legado de violencia racial y de supremacía blanca en los Estados Unidos. La violencia estructural es un fenómeno generalizado en el sistema jurídico penal: desde las fuerzas del orden hasta el enjuiciamiento, la sentencia y el ingreso en prisión. Este es el sistema que mató a George Floyd y que amenaza las vidas negras mientras protege a los agentes de policía y evita que rindan cuentas.
El Gobierno de Trump está utilizando la fuerza punitiva de ese sistema contra Colin y Urooj, uno de ellos negro y el otro del sureste asiático respectivamente, para frenar la reacción popular contra una situación injusta.
El 30 de mayo, Colin y Urooj, ambos juristas comprometidos con la justicia social, se sumaron a miles de manifestantes en la ciudad de Nueva York en defensa de las vidas negras. Esa noche fueron detenidos y el gobierno federal los acusó de intentar quemar un vehículo de policía abandonado y de destruir su interior. Por estos presuntos daños a la propiedad, un delito habitual según las leyes estatales, se enfrentan a una acusación federal que conlleva una pena de prisión mínima de 45 años. Este es el tipo de acusación que generalmente se realiza cuando existen incidentes con múltiples víctimas. Si fueran condenados, nuestros colegas, ambos jóvenes al inicio de la treintena, pasarían en la cárcel la mayor parte de su vida, si no toda la vida.
Junto con estas escandalosas acusaciones —que pretenden acabar con cualquier tipo de protesta—, los fiscales federales han insistido en que los abogados permanezcan encarcelados a la espera de juicio en el Complejo de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una cárcel muy conocida por los abusos en materia de derechos humanos que en ella se producen y por sus condiciones infrahumanas, en la que el riesgo para la salud se ve exacerbado por la covid-19.
Dos jueces federales decidieron que a Colin y Urooj podían ser puestos en libertad bajo fianza —y así se hizo—, hasta que el gobierno optó por tomar una medida muy inusual y apeló dicha decisión. Ahora, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito decidirá su destino. Mientras, el policía acusado de matar a George Floyd se encuentra en libertad bajo fianza.
Este sistema perverso que sanciona más duramente a dos manifestantes negros que piden justicia racial por un supuesto delito contra la propiedad de lo que sanciona a un policía blanco acusado del homicidio de un hombre negro, es precisamente la injusticia que denuncia movimiento Black Lives Matters y los manifestantes que piden un cambio radical. En nuestro sistema actual, los acusados negros corren mayor riesgo de ser juzgados por delitos que implican una pena mínima obligatoria que los acusados blancos, y los acusados negros o de otras razas tienen una probabilidad mayor de permanecer detenidos en espera de juicio que si fueran blancos.
Como organizaciones jurídicas, de incidencia y políticas con una larga trayectoria de apoyo a los movimientos que luchan por la justicia, somos plenamente conscientes de que, sobre todo en los puntos de inflexión de la transformación social, el Estado empleará la mayor fuerza posible para debilitar este impulso.
El cruel e innecesario empeño del gobierno federal por mantener a Colin y a Urooj en la cárcel antes de su juicio, y posiblemente durante el resto de su vida, es una medida que obedece a una agenda política y no responde a las exigencias de la ley.
Refleja la animadversión del gobierno de Trump hacia el movimiento Black Lives Matters, que cada vez adquiere más presencia y poder. Estos juicios políticos son intentos históricos de socavar movimientos que exigen justicia racial en este país y en otros países con gobiernos autoritarios en todo el mundo. No podemos permitir que el gobierno federal utilice este caso para distraer o suprimir la demanda de justicia que ha llevado a miles de miles de personas a manifestarse en las calles de todos los estados del país.
Hacemos un llamado para la liberación inmediata, bajo fianza, de Colin y Urooj y para que el gobierno federal retire estas acusaciones excesivas. Nuestra comunidad se sentirá más segura cuando vuelvan con sus familias y el Estado deje de dar más prioridad a la propiedad que a la vida humana y a nuestro bienestar colectivo.