Una ley inaceptable que inmuniza de manera retroactiva los estadounidenses autores de actos de tortura y abusos y que legaliza la detención arbitraria e indefinida

04/10/2006
Comunicado

La adopción de la ley sobre las Comisiones Militares (the Military Commissions Act 2006) por el Congreso estadounidense es un desastre y una confrontación a los derechos humanos y las libertades fundamentales más básicas que son la fundación misma de la democracia.

La FIDH y el CCR (organización miembro de la FIDH en los Estados Unidos) condenan ese texto peligroso que legaliza la detención arbitraria, permite que los actos de tortura sean cometidos impunemente e inmuniza de manera retroactiva los americanos autores de abusos cometidos durante interrogaciones "extensivas" contra los detenidos en el contexto de la "guerra contra el terrorismo".

Ese texto crea un nuevo sistema de comisiones militares inspirados en el modelo de las comisiones declaradas ilegales en junio pasado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. El texto impide a toda persona no-estadounidense detenida por los Estados Unidos y de quien se sospecha "apoyar" a una organización terrorista, impugnar frente a la justicia las razones y condiciones de su detención. Es decir, cualquier persona en el mundo puede ser detenida por los Estados Unidos si ellos estiman que esta "podría" (una sospecha será suficiente para justificar la detención) ser un "enemigo combatiente ilegal". Esa persona puede ser detenida por las autoridades públicas estadounidenses sin jamás poder reclamar a la justicia que establezca la legalidad de su detención o sus condiciones de detención.

Según la ley, la definición de un "enemigo combatiente ilegal" es muy amplia e incluye a quienes dan apoyo material a una organización terrorista. Esa definición demasiado vaga implicaría por ejemplo que cualquier persona podría ser sospechosa de ser un enemigo combatiente ilegal si ha enviado fondos a una organización caritativa en Afganistán de la cual se sospecha de apoyar a la familia de un simpatizante del Talibán o de Al-Qaeda. Esa persona no tendría el derecho de invocar al habeas corpus, base principal de todo sistema democrático desde la Carta Magna de 1215. El principio del habeas corpus afirma que nadie puede ser detenido sin poder reclamar a un juez si su detención por el Estado es justificado legalmente.

La ley deja la puerta abierta a detenciones indefinidas y legaliza las prácticas de Guantánamo desde el principio de 2002 y que ha sido denunciado dos veces en los dos últimos años por la Corte Suprema Federal estadounidense en junio de 2004 y en julio de 2006; tres veces este año por expertos y Comités de las Naciones Unidas y también por algunos gobiernos. Hay que recordar que 760 hombres han sido detenidos durante varios años, y solamente 10 han sido acusados de crímenes por los Estados Unidos. Hoy quedan 460 detenidos (representados la mayoría por el CCR), y para la gran mayoría de estos hombres que llevan ya cinco años de detención, el gobierno estadounidense no ha sido capaz hasta hoy de acusarles del menor crimen ni delito, pero sí continua negándoles su libertad.

Esta ley adoptada el 29 de septiembre de 2006 constituye de ahora de adelante la base de admisibilidad de un proceso de confesiones obtenidas bajo presión. Sin embargo es sabido que cuando se hacen confesiones bajo estas condiciones y con técnicas de interrogación muy intensas con tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, se obtienen como resultado muchas veces confesiones falsas.

Es igualmente preocupante que el Presidente George W. Bush haya obtenido, gracias a esta ley el derecho exclusivo y secreto de determinar lo que constituye une técnica de interrogación "abusiva". Teniendo en cuenta que en estos últimos años el gobierno de Bush ha utilizado métodos contra detenidos implicados en la "guerra contra el terrorismo" que incluyen aislamientos por más de un año, privaciones de sueño de hasta 50 días, el uso de hipotermia, simulacros de ahogamientos, explotaciones de fobias personales, abusos físicos, sexuales y otros, es inaceptable de entregar a una sola persona, sobre todo si es el jefe del poder ejecutivo y que está fuera de todo control, el poder de determinar lo que constituye una técnica de interrogación abusiva.

La nueva ley impide asimismo a todo tribunal estadounidense de aplicar el derecho internacional para establecer si sus agentes estadounidenses han cometido violaciones del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, que exige un tratamiento humano de los detenidos. Y por último: esas disposiciones se aplican de manera retroactiva lo que implica una inmunidad absoluta a todos las autoridades culpables de haber maltratado detenidos en Guantánamo, a Abu Ghraib en Irak, en Afganistán y en otros centros de detención en el mundo.

Según Sidiki Kaba, Presidente de la FIDH: "se trata de una regresión extrema en las libertades fundamentales que fueron aprobadas por los representantes estadounidenses. No hay ningún compromiso, es una capitulación. Es una novedad triste para los defensores de derechos civiles estadounidenses, al igual que para todo el país, que sin embargo había sabido mostrar hace tres meses, a través de su Corte Suprema, la importancia que sus instituciones otorgan a los valores de la democracia y a los derechos humanos."

Vincent Warren, director ejecutivo del CCR, afirma que: " el Congreso decidió la semana pasada que los Estados Unidos se unirá a las naciones que autorizan la detención indefinida sin juicio y la impunidad de los autores de tortura. Hace más de dos cientos años que nuestra Constitución ha garantizado que no vamos a sacrificar nuestros valores democráticos, incluso en tiempos de crisis. Impugnaremos esta ley frente a la justicia y exigiremos que la Administración estadounidense mantenga los principios inscritos en nuestra Constitución que debe ser el pilar de vida en una sociedad democrática.

En efecto, CCR, con el apoyo de la FIDH, demandará la inconstitucionalidad de la ley. Además, nuestras organizaciones verificarán la sumisión del asunto al conjunto de recursos internacionales competentes, incluso las de las Naciones Unidas, con el fin de subrayar la incompatibilidad absoluta entre la ley adoptada y las obligaciones internacionales suscritas por los Estados Unidos en el campo de los derechos humanos.

Leer más
communique