12 de diciembre de 2023. Preocupada por el acceso a la justicia en el caso de Berta Cáceres, la Misión de Observación Calificada y organizaciones internacionales y nacionales que han acompañado la Causa, hace hoy un nuevo llamado a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva urgentemente los dos recursos de casación actualmente estancados en la Sala de lo Penal. La demora judicial durante años causa en las víctimas inquietud sobre la justicia y pone en entredicho las garantías de no repetición que el Estado tiene la obligación de asegurar.
Desde los muy observados procesos judiciales a los autores materiales y el coautor del crimen, en 2018 y 2021, respectivamente, esta Misión ha hecho reiterados llamados al sistema de justicia hondureño para que cumpla con prontitud los plazos judiciales. La garantía judicial del plazo razonable constituye un presupuesto imprescindible del debido proceso legal, del cual emerge categóricamente la necesidad de definir y observar dicha garantía en beneficio de quienes tienen asuntos pendientes o pretenden acceder a la administración de justicia, y así obtener una pronta resolución de aquéllos por la vía judicial.
Durante su audiencia de lectura de sentencia el 20 de junio de 2022, Roberto David Castillo Mejia fue condenado a 22 años y 6 meses por haber sido encontrado responsable en su calidad de coautor en el asesinato de Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016. El Sr. Castillo laboraba para la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y los medios de evidencia demostraron que tuvo un papel decisivo en la planificación del asesinato de la lideresa Lenca.
Durante la audiencia de lectura de sentencia el 2 de diciembre de 2019, el Tribunal de Sentencia condenó a Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo a 30 años y 6 meses de prisión por su rol como coautores en el asesinato de Berta Cáceres. Por su parte, Mariano Díaz fue condenado a 30 años de prisión como autor por omisión del crimen. Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte fueron condenados a 34 años de prisión por su rol en dicho asesinato, y a 16 años y 4 meses de prisión por el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en contra de Gustavo Castro.
Por más de un año y medio, y cuatro años, respectivamente, no ha habido una resolución definitiva sobre los recursos de casación planteados por las defensas, dejando a las víctimas sin garantía efectiva de sus derechos. Esta inseguridad jurídica pone en riesgo el debido proceso y las garantías de las víctimas a la reparación digna y a la no repetición, dejándolas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a una justicia plena.
Hace apenas unos días, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra Daniel Atala por el asesinato de Berta Cáceres. Atala era el director financiero de DESA al momento del crimen y presuntamente coordinó el asesinato con el coautor David Castillo. Reiteramos el llamado de la familia de Berta Cáceres y del COPINH para que se lleve a cabo un proceso judicial pronto y riguroso para deducir las responsabilidades de todos los autores de este crimen.
Instamos a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras a resolver los dos recursos de casación, pues le recordamos que la tutela judicial efectiva de los derechos humanos no solo implica la posibilidad de acceso a la justicia o la existencia formal de recursos, sino también que estos sean adecuados, efectivos y que sean resueltos en un plazo razonable.