(París, Ecuador – 20 de junio) El paro nacional, que inició el pasado 13 de junio, con el respaldo de las principales organizaciones sociales del Ecuador, responde a la grave situación derivada del aumento generalizado del costo de la vida, el avance de las fronteras extractivas y los impactos socioambientales, la vulneración de derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, la precarización laboral, la amenaza de privatización de bienes y servicios públicos, el irrespeto a la producción campesina, el abandono en que se encuentra la salud y la educación, y los dramáticos niveles de violencia existentes.
La FIDH y sus organizaciones miembro denuncian la declaración del estado de excepción que busca impedir el derecho de los pueblos indígenas a expresar sus reivindicaciones y a manifestarse. Esto se vio amplificado con la criminalización del líder indígena Leónidas Iza y el allanamiento a la Casa de la Cultura, bajo el falso pretexto de incautar explosivos -que no fueron encontrados- y con el objetivo de militarizar un espacio que históricamente ha albergado a la población indígena cuando llega a Quito. Por eso, solicitamos al Gobierno y a la Corte Constitucional que se revierta el estado de excepción, a través del cual se han generado 39 hechos de vulneraciones a los derechos humanos y 79 detenciones; en este mismo contexto, una persona falleció y otras 55 personas resultaron heridas, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
El estado de excepción, notificado a través del Decreto No. 455, y el posterior No. 459 que amplía el estado de excepción en las provincias de Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, pone en riesgo los derechos socio políticos, económicos y culturales de toda la población, al restringir su derecho a la libertad de asociación y reunión. Este Decreto, además, avala la movilización y participación de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden público y la posibilidad de llevar a cabo requisiciones de bienes o servicios, como ocurrió durante el allanamiento a la Casa de la Cultura.
La FIDH y sus organizaciones miembro están sumamente preocupadas por la violencia desproporcionada que se pueda ejercer en contra de los pueblos indígenas que están caminando hacia Quito. Llamamos a que no se ejerza violencia hacia ellos y que se abra un espacio de diálogo entre iguales que tome en cuenta las reivindicaciones que demandan las organizaciones y movimientos sociales.
Organismos firmantes:
– Acción Ecológica
– CEDHU - Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
– INREDH - Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
– FIDH