El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Ecuador.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información por fuentes fiables acerca de los actos de hostigamiento, en medio de una campaña de difamación contra los defensores de derechos humanos en el país, contra la Sra. Anaité Vargas, Directora Ejecutiva de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) Ecuador, y sobre las amenazas de detención y actos de hostigamiento contra los Sres. Humberto Cholango, Presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador-ECUARUNARI, y Luis Macas, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), todos ellos sucedidos en Quito, provincia de Pichincha; así como la detención arbitraria del Sr. Pedro de la Cruz, Presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras de Ecuador (FENOCIN) en la parroquia El Descanso en el límite entre las provincias de Azuay y Cañar, esta última en Estado de Excepción declarado por el Gobierno el pasado 21 de marzo de 2006 para intentar frenar las protestas indígenas contra el TLC.
De acuerdo con las informaciones, el 2 de abril de 2006, el Sr. Pedro de la Cruz fue detenido, junto con el Sr. William Rodrigo Villalta, Presidente de la Federación Campesina de Loja, mientras viajaba en un bus de transporte interprovincial que se detuvo en un retén, en donde un piquete de policías y militares detenía y revisaba los buses que circulaban en la carretera para solicitar a los pasajeros las cédulas de identidad y/o ciudadanía y averiguar su destino. El dirigente indígena, que lideraba una marcha pacífica desde el sur del país hacia Quito en protesta contra las negociaciones del gobierno ecuatoriano del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, fue detenido por las autoridades militares sin recibir una explicación exacta de los motivos de su detención y fue mantenido incomunicado en las instalaciones policiales de la ciudad de Azogues, capital de provincia de Cañar, hasta media noche del domingo. Posteriormente, fue trasladado, junto con el Sr. Wilson Villalta, al cuartel militar de la V División de la Fuerza Terrestre, en la provincia de Cuenca. Finalmente, tanto él como el Sr. William Rodrigo Villalta fueron dejados en libertad, la tarde del 3 de abril, luego de acogerse al habeas corpus, que dictó el alcalde de Azogues, Sr. Víctor Molina. Los dirigentes de la FENOCIN manifestaron que sus detenciones habían sido ilegales por cuanto violentaron los principios y garantías constitucionales que tienen los ciudadanos ecuatorianos, al realizarse sin orden judicial, sin cargos en su contra y con el fin de impedir su marcha hacia Quito.
Por otra parte, el 18 de marzo de 2006, en horas de la mañana, los Sres. Humberto Cholango y Luis Macas recibieron amenazas por parte de la policía en el sentido que serían detenidos si no desistían de participar en la movilización indígena a nivel nacional. El Sr. Humberto Cholango denunció ese mismo día públicamente las amenazas de las que están siendo objeto el Sr. Macas, los dirigentes provinciales y él mismo, con el propósito de intimidarlos para que renuncien a sus derechos de expresar su opiniones en el marco de las movilizaciones indígenas que se vienen repitiendo durante el mes de marzo1 .
Por otra parte, el 19 de marzo de 2006, hacia las 13h00, la Sra. Anaité Vargas fue seguida por un vehículo con insignia oficial del Grupo de Operativos Especiales (GOE) de la Policía Nacional, de color blanco, cuando regresaba con su hija menor a su domicilio, conduciendo el vehículo de la APDH. Una cuadra antes de llegar a casa, mientras la Sra. Anaité Vargas ascendía por la calle Gato Sobral, el vehículo de la Policía les cortó bruscamente el paso, ante lo cual tuvo que detenerse. Inmediatamente después, del otro vehículo bajaron varios policías, vestidos con ropa negra de camuflaje, sin identificación, y rodearon su vehículo.
Según las informaciones, lo que a priori parecería una operación rutinaria de tránsito, se transformó en un interrogatorio inusual en el que le pidieron los papeles del vehículo y sus documentos personales (la matrícula, licencia de conducir, cédula de identidad y su credencial de defensora de derechos humanos). El jefe del comando policial del GOE señaló entonces "Usted parece de otro país y queremos cerciorarnos de que efectivamente es ecuatoriana" (...) "Queremos saber si no se ha robado este carro porque a veces se roban este tipo de carros para hacer ‘cosas’". La Sra. Anaité Vargas les respondió que "estaba cerca de casa, y que si tenían alguna otra duda podrían seguirla para discutir la nacionalidad de los defensores de derechos humanos con ella, una grabadora y una cámara de video", es decir que el interrogatorio se efectuara en términos de entrevista, como la que se puede realizar con la APDH habitualmente., Tras esta respuesta, los policías del GOE le devolvieron sus documentos y se retiraron del lugar.
El Observatorio señala que estos actos de hostigamiento tienen lugar en el contexto de una campaña de difamación contra los defensores de derechos humanos. En efecto, según las informaciones, el 17 de marzo de 2006, la APDH y el Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo SJ" (CSMM), cuestionaron en un boletín conjunto las declaraciones del Secretario de la Presidencia, Sr. Enrique Proaño que, sin prueba exhibida ni indicio alguno, sostuvo los días 16 y 17 de marzo de 2006 a través de los medios de comunicación nacionales que "se investigará a las ONGs internacionales que financien las movilizaciones indígenas y las expulsaremos del país". Igualmente, el 20 de marzo, la APDH denunció en carta pública, las declaraciones del citado funcionario, quien durante el fin de semana había ahondado sus ataques citando que "la Inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional investigan a las ONGs internacionales, y que sus informes remitirán a la Fiscalía para que proceda".
De acuerdo con las informaciones, otras altas autoridades públicas han realizado declaraciones vejatorias contra las ONG de derechos humanos que actúan en el país, lo que mina fuertemente su credibilidad e imagen pública. Así, el nuevo Ministro de Gobierno, Sr. Felipe Vega, en su discurso ante la prensa apenas posesionado por el Presidente Palacio el 20 de marzo de 2006, dijo públicamente que "Si se ve automóviles con placas AT distribuyendo alimentos a los indígenas, es evidente que los están apoyando". Además, el Secretario General de la Administración Pública, Sr. Modesto Apolo hizo unas declaraciones en una entrevista para un noticiero de televisión, el 16 de marzo de 2006, en las que refirió que "se está investigando si Venezuela, a través de los movimientos bolivarianos, y las ONGs internacionales, financian el levantamiento indígena, y en caso de que se logre comprobar que hay ONGs que los financien, serán expulsados, pero antes tendrán que pasarse un tiempito detenidos para investigación".
El Observatorio manifiesta su honda preocupación por la situación de inseguridad que sufren los defensores de los derechos humanos en Ecuador, quienes frecuentemente son objeto de amenazas de muerte, de actos de acoso y de intimidación con el fin de presionarlos a que abandonen su servicio a la comunidad. En el caso aquí denunciado, el hostigamiento a la presidenta de la APDH Ecuador y líderes de las comunidades indígenas en el marco de los paros y marchas indígenas en diversas provincias del país constituye un peligro para el fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho en el Ecuador. El Observatorio manifiesta su seria preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de la Sra. Anaité Vargas y los Sres. Humberto Cholango y Luis Macas, y en general por la situación de los defensores de los derechos humanos en Ecuador.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades ecuatorianas urgiéndoles a:
i. tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Anaité Vargas y los Sres. Humberto Cholango y Luis Macas, así como la de los Sres. Pedro de la Cruz, y William Rodrigo Villalta, y en general de todos los defensores de derechos humanos en Ecuador;
ii. asegurar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas y hostigamiento de que han sido víctimas la Sra. Anaité Vargas y los Sres. Humberto Cholango, Luis Macas, Pedro de la Cruz y William Rodrigo Villalta, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a un juicio civil e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1) y a "garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración" (Art. 12.2);
iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración universal de derechos humanos y los Pactos y Convenciones internacionales ratificados por Ecuador.
Direcciones:
· Misión Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. 145, Rue de Lausanne, 1202 Ginebra. Tel. : + 41.22.731.48.79; FAX: + 41.22.738.26.76 E-mail: mission.ecuador@ties.itu.int
· Dr. Alfredo Palacio, Presidencia de la República del Ecuador, Palacio de Gobierno, García Moreno y Chile 1043, Quito, Ecuador. Fax:. +593.2.258.07.35; +593.2.258.07.79; + 593 2 258 0761. E-mail: despresi@presidencia.ec-gov.net
· Sr. Osvaldo Molestina, Ministro de Gobierno y Policía, Benalcazar y Espejo, Quito, Ecuador. E-mail: gicela.abac@mingobierno.org.ec Fax: + 593.2.258.00.67 / 10.30
· Dra. Cecilia Armas Tobar, Ministra Fiscal Subrogante, Fiscalía General del Estado, Av. Eloy Alfaro N32 240 y República, Quito, Ecuador. Fax: + 593.2.255.85.65 / 94.47 E-mail: fiscalia@uio.satnet.net
· Comandante General de la Policía Nacional, Ramírez Dávalos 612 y Av. 10 de Agosto, Quito, Ecuador. Fax: + 593.2.250.60.66
· Ministro de Defensa Nacional, Ministerio de Defensa Nacional, La Exposicion 208, (La Recoleta), Quito, Ecuador Fax: + 593.2.258.04.31
· Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, La Exposicion 208, (La Recoleta), Quito, Ecuador Fax: + 593 2258.33.94
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Ecuador en sus respectivos países.
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Ginebra-París, 4 de abril de 2006
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
Tel. y FAX: FIDH : + 33.(0).1.43.55.20.11 / + 33 (0) 1 43.55.18.80
Tel. y FAX: OMCT : + 41.22 809.49.39 / + 41.22.809.49.29
1 Las comunidades indígenas y en general la población de varias provincias ecuatorianas, se ha movilizado durante las últimas semanas, realizando inclusive una marcha desde sus diferentes comunidades hasta la ciudad de Quito, con el fin de exigir la interrupción de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el gobierno de Ecuador y el de los Estados Unidos; la caducidad del contrato con la petrolera Oxy, contra el Plan Colombia y por la realización de una Asamblea Constituyente.