Según la versión oficial, los disidentes fueron detenidos por haberse reunido con el Sr. James Cason, Jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, acusado por el gobierno cubano de conspiración. A partir de este momento, la libertad de circulación del representante diplomático norteamericano ha sido restringida.
Según la nota oficial publicada el 18 de marzo por la Agencia de Información nacional "Varias decenas de personas directamente vinculadas a las actividades conspirativas que lleva adelante el señor James Cason, han sido arrestados por las autoridades pertinentes y serán sometidas a los tribunales de justicia".
Estas detenciones múltiples han sido ampliamente criticadas por el movimiento de derechos humanos independiente en Cuba y en particular por Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de derechos humanos y de Reconciliación Nacional, asociación miembro de la FIDH. De acuerdo con Elizardo Sánchez, durante el transcurso de las últimas semanas, se ha asistido a "la segunda mayor oleada de represión política", únicamente superada por las operaciones policiales contra la oposición que tuvieron lugar tras la IX Cumbre Iberoamericana celebrada en La Habana en noviembre de 1999.
Según la misma fuente, más de sesenta personas habrían sido detenidas estos últimos días. Se trata principalmente de periodistas independientes, de activistas de derechos humanos y de miembros de la oposición. La versión oficial no constituiría sino un pretexto ya que ciertas personas detenidas no habrían establecido ningún tipo de contacto con el Sr. Cason.
Los detenidos pueden ser objeto de penas de prisión de acuerdo con la ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y de la Economía de Cuba, que supone una pena de 15 años por transmisión de informaciones a los Estados Unidos de América.
La FIDH considera que estas detenciones son arbitrarias ya que representan una sanción de la libertad de expresión y de opinión. La FIDH llama nuevamente a las autoridades cubanas a respetar en toda circunstancia la Declaración Universal de los derechos humanos y en particular el artículo 19 sobre la libertad de expresión y de opinión y el artículo 20 sobre la libertad de reunión y de asociación.
Finalmente, la FIDH urge a las autoridades cubanas que procedan a la liberación inmediata de los disidentes detenidos arbitrariamente. Además, la FIDH insta a las autoridades cubanas a adaptar su legislación nacional a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.