Bogotá, París, La Haya, 21 de Julio de 2023. En abril de 2022, la FIDH y el CAJAR, en representación de víctimas colombianas de crímenes contra la humanidad, habían solicitado a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI revocar la decisión del Fiscal y en consecuencia, ordenar la reapertura del examen preliminar por la situación de Colombia en beneficio del interés de las víctimas y de la justicia. De man``era subsidiaria, también solicitaron que se le ordenara al Fiscal comunicarles a las víctimas y a la comunidad internacional la motivación que generó este cierre, toda vez que la información aportada no permitía conocer las razones de su decisión.
El 22 de julio de 2022 la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI reconoció que la Fiscalía no informó suficientemente a las víctimas y a sus representantes sobre las razones del cierre del examen preliminar de la situación en Colombia. Esto, a pesar de la duración que tuvo el examen y las expectativas que pudieron haberse suscitado en quienes proporcionaron información a la Fiscalía durante más de 15 años. A partir de estas consideraciones, la Sala le ordenó al Fiscal de la CPI proporcionar prontamente información adicional sobre las razones del cierre a las víctimas y a las organizaciones representantes, de conformidad con el apartado 6 del artículo 15 del Estatuto. Luego de un año, la Fiscalía no ha cumplido con la orden dada.
A pesar de las breves declaraciones con ocasión de las escasas visitas del Fiscal de la CPI a Colombia centradas en su cooperación con las autoridades nacionales, los motivos por los cuales el Fiscal cerró el examen preliminar de la situación en Colombia continúan sin aclararse. Este silencio confirma la posición de la FIDH y el CAJAR sobre la necesidad de haber mantenido el examen preliminar o de reabrirlo. En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tenido algunos avances en materia de lucha contra la impunidad de responsables de crímenes internacionales. Sin embargo, estos resultados no son suficientes para justificar el cierre del examen, ni permite dar respuesta a la responsabilidad de eventuales máximos responsables excluidos de la competencia de la JEP. Consideramos que el trabajo de la JEP debe ser valorado cuando exista suficiente información que dé cuenta del cumplimiento de los derechos de las víctimas en esta jurisdicción.
Además de lo anterior, también ha sido inconveniente el cierre del examen preliminar porque en Colombia persiste el conflicto armado y la violencia sociopolítica, por lo cual siguen ocurriendo crímenes internacionales que no son investigados y juzgados adecuadamente en el plano interno. Por ejemplo, el homicidio sistemático de personas defensoras y firmantes del Acuerdo de Paz, el reclutamiento de niñas y niños, el desplazamiento forzado y el confinamiento ilegal.
Finalmente, la FIDH y el CAJAR consideran que un año sin obtener respuesta por parte del Fiscal de la Corte ha sido más que un plazo razonable para que esta dependencia cumpla con lo ordenado por la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI. Se continúa a la espera de una efectiva respuesta.