Colombia: Crímenes de lesa humanidad contra indígenas de la Sierra Nevada deben ser castigados

25/10/2021
Comunicado
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(París, Bogotá) 25 de octubre de 2021 – Con motivo de la visita a Colombia del nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para seguir el monitoreo respecto al examen preliminar sobre la situación del país, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) solicitan a la CPI mantener el examen preliminar, evaluar la relevancia y autenticidad de las investigaciones judiciales sobre los más altos responsables de crímenes de lesa humanidad y en caso de no hallar avances significativos avanzar hacia la etapa de investigación. 

Presentan informe sobre crímenes de lesa humanidad contra pueblos indígenas de las Sierra Nevada de Santa Marta

Como parte de la documentación sobre crímenes internacionales e impunidad estructural entregan hoy el informe a la CPI “La herida en el corazón del mundo: Crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia”. Con ello, solicitan a la Fiscalía de la CPI que priorice el monitoreo de casos donde las víctimas pertenecen a pueblos indígenas, y hacen un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que abra un macro-caso que considere el impacto de los asesinatos masivos en contra de los pueblos indígenas y el papel de la fuerza pública en la expansión paramilitar.

Entre 2002 y 2009, 180 integrantes de pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, fueron asesinados por militares y paramilitares. Este crimen de lesa humanidad se perpetró como parte de un ataque sistemático contra la población civil de la Sierra Nevada poniendo en grave riesgo la pervivencia física y espiritual de los pueblos indígenas Wiwa, Kankuamo, Arhuaco y Kogui, guardianes del “corazón del mundo”, la Sierra Nevada de Santa Marta.

El informe identifica la existencia de dos patrones de comisión de crímenes: asesinatos cometidos contra los pueblos indígenas por miembros del ejército bajo la modalidad de “falsos positivos”, o bien, asesinatos cometidos directamente por grupos paramilitares, con el apoyo, tolerancia o aquiescencia del Estado. Estos hechos comprometen a la línea de mando de la Segunda Brigada, la Décima Brigada y la Primera División del Ejército Nacional de Colombia. Esta investigación se sustenta en información obtenida a través de talleres de documentación, en el trabajo de documentación de los propios pueblos, en el litigio colectivo sobre estos asesinatos y en una misión de documentación de la FIDH.

La selección de miembros de comunidades indígenas como víctimas de falsos positivos por parte de militares revela que estos crímenes presentan a su vez una dimensión racista y producto de la estigmatización. El informe detalla también que, de los 180 asesinatos, 46 corresponden a falsos positivos y 134 a asesinatos por paramilitares. Estos 134 asesinatos han quedado casi en la total impunidad por la extradición a Estados Unidos de los autores de los mismos, por la falta de colaboración con los tribunales de Justicia y Paz y la falta de investigación acerca de los agentes de estado que toleraron o apoyaron estos hechos. La JEP ha emitido un auto de determinación de los hechos que incluye la mayoría de los asesinatos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta atribuibles directamente a agentes estatales como falsos positivos, pero hasta la fecha no se han producido procesamientos ni sentencias que incriminen a los superiores jerárquicos de las fuerzas armadas de Colombia responsables de estos crímenes, por acción u omisión.
El fin de la impunidad y el acceso a la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad enunciados en este informe constituyen una garantía esencial a la no repetición de estos asesinatos. Hoy en la Sierra Nevada, el escenario actual sigue presentando severos riesgos para la pervivencia de sus pueblos indígenas.

Se está produciendo una reconfiguración de la violencia ilegal en la zona, a manos de grupos armados que controlan las principales actividades lícitas e ilícitas de la Sierra en busca de un mayor control territorial, algunos de los cuáles mantienen vínculos con los antiguos grupos paramilitares. Esta nueva situación ha favorecido la destrucción de bienes culturales, asesinatos de personas que apoyan a las comunidades, el control de la movilidad, el reclutamiento forzoso de menores, y el desplazamiento forzoso de la población. Es importante recordar que en el 2020 fueron asesinados 47 líderes indígenas, que se suman a los 262 líderes indígenas asesinados desde la firma de los acuerdos de paz.

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