En el Auto 033 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP estableció a partir de sus ejercicios de investigación y contrastación, un registro preliminar de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia cometidas entre 2002 y 2008, que se enmarcan en el caso 003 que cursa en dicha jurisdicción para establecer la responsabilidad de integrantes del Ejército Nacional en estos hechos conocidos públicamente como “falsos positivos”. Esta decisión aporta al reconocimiento público y social de la magnitud de las atrocidades cometidas en el conflicto armado y la impunidad en que se encuentran.
A casi 5 años de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, la FIDH y el CAJAR reconocen los avances del SIVJRNR pese a los diferentes ataques del cuál ha sido objeto desde su creación -y han cuestionado su idoneidad-, en particular por aquellos que temen que la verdad salga a la luz y se encuentran involucrados en graves violaciones de derechos humanos. Es importante recordar que tanto la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su más reciente informe del 23 de febrero, como la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, han dado su espaldarazo a la JEP como órgano esencial en la búsqueda de verdad para las víctimas.
En este contexto, la FIDH y el CAJAR se encuentran alarmados por la ausencia de garantías para las víctimas, representantes y otros actores que participan ante la JEP, siendo esta situación otro obstáculo para su labor. Rechazamos las amenazas proferidas el 22 de febrero contra el abogado de CAJAR Sebastián Felipe Escobar Uribe, representante de víctimas ante la JEP, quién recibió en su teléfono celular una llamada en la cual un hombre le amenazó y a su representado Juan David Díaz Chamorro, hijo del asesinado alcalde del municipio El Roble Eudaldo Díaz Salgado, quien este año fue aceptado como víctima por la Sala de Definiciones Jurídicas de la JEP, en respuesta a su solicitud en búsqueda de verdad y justicia.
En ese sentido, la FIDH y el CAJAR consideramos importante resaltar que deben existir condiciones de seguridad y garantía para la participación de las víctimas en el SIVJRNR, las cuales la JEP debe considerar en su accionar.
Recordamos que las agresiones y hostigamientos constantes a las personas defensoras de derechos, a las y los líderes sociales, y firmantes del Acuerdo de Paz menoscaban el andamiaje de los Acuerdos de Paz de La Habana y los avances en materia de verdad y justicia para las víctimas. A su vez, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, investigar de manera diligente estos hechos y a la Unidad de Protección (UNP) fortalecer las medidas de protección de las víctimas, sus representantes, entre ellos Sebastián Felipe Escobar Uribe, los y las demás integrantes del CAJAR y de la víctima Juan Díaz Chamorro.
Finalmente, instamos al Estado de Colombia a dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y cumplir con su obligación de proteger a la población colombiana y solicitamos a la comunidad internacional a ejercer un papel de vigilancia y observación para que se esclarezcan los hechos ocurridos recientemente y se sancione a los responsables. Recordamos que ninguna sociedad democrática y en paz se construye sobre la base de la impunidad.