En efecto el 26 de junio de 2003, el Tribunal administrativo de Cundinamarca, en el marco de un juicio co-iniciado, hace dos años, por el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", asociación miembro de la FIDH, ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) la suspensión de las fumigaciones aéreas sobre todo el territorio colombiano. Esta suspensión debía durar, según el Tribunal, hasta la creación de un Plan de manejo ambiental y hasta que los estudios medicos y científicos que determinen el efecto de la mezcla de glifosato, POEA, Cosmo Flux en la salud de los Colombianos sean efectuados por parte del Ministerio de Seguridad Social . El tribunal también ordenó a la DNE que procediera a la determinación y a la reparación de los daños causados por las fumigaciones a los campesinos.
Tras esta decisión, el 29 de junio de 2003, el Presidente de la República de Colombia, afirmó en los medios de comunicación " ¡ mientras sea Presidente no suspenderemos las fumigaciones! "negando así la autoridad de la sentencia del Tribunal de primera instancia. Las fumigaciones no han sido suspendidas. Posteriormente, el gobierno apeló ante el Consejo de Estado la decisión del Tribunal de Cundinamarca.
La FIDH solicitó y depositó ante el Consejo de Estado, la opinión de un experto en derecho medioambiental. Este último concluyó que según el derecho francés, en aplicación del principio de precaución, en particular teniendo en cuenta las consecuencias para el medio ambiente y para la salud humana del esparcimiento de la mezcla de glifosato, POEA y Cosmo flux por via aérea, las fumigaciones debían ser suspendidas.
La FIDH espera que este Amicus Curiae contribuya a que el Consejo de Estado adopte una decisión conforme a las normas y los principios de seguridad y salubridad publica y al derecho medioambiental.
La FIDH desea recordar los efectos devastadores de las fumigaciones, financiadas por los fondos norteamericanos, otorgados al gobierno colombiano en el marco del Plan Colombia. En efecto estas fumigaciones no sólo afectan de manera dramática la salud de las personas, sino que también contribuyen a la destrucción del medio ambiente, contaminando las fuentes de agua, el suelo y la diversidad biológica. Asimismo, el desplazamiento de las cultivos de coca intensifica la deforestación. La política de fumigaciones aéreas es ineficaz y no logra su objetivo de erradicación de las cultivos de coca y de amapola. Al contrario, según las cifras del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la CIA, las cultivos de coca aumentaron durante los últimos años de manera significativa a pesar de las fumigaciones.
La FIDH exhorta una vez mas a las autoridades colombianas a que suspendan las fumigaciones aéreas y utilicen otros medios para luchar contra los cultivos de coca como por ejemplo los programas de erradicación manual de los cultivos de coca acompañados por programas alternos de producción.