Tal perplejidad no se origina tanto en el contenido del discurso, que es recurrente desde hace varios años, sino en las omisiones flagrantes de temas de vital importancia. En las 6 páginas de discurso, el Sr Vicepresidente no menciona más que en una ocasión y de forma indirecta, a los defensores de derechos humanos y omite cualquier tipo de referencia a la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1998. La FIDH y sus organizaciones miembro no pueden más que expresar su extrema perplejidad por el hecho de que no se de una importancia central a este tema, en un país donde en 2003 fueron asesinados 13 defensores de derechos humanos y 67 sindicalistas, teniendo además en cuenta que el Presidente de la República, desde septiembre de 2003, califica a respetados defensores de derechos humanos de Colombia de ’politiqueros’, de ’traficantes de derechos humanos’ y de ’defensores del terrorismo’ ante su Estado Mayor.
En este contexto político muy tenso, las garantías dadas en privado por el presidente de la República de Colombia a la FIDH durante una Audiencia que tuvo lugar el pasado 29 de Febrero deben traducirse en actos: el vicepresidente colombiano, omitiendo este tema en su discurso, ha perdido una ocasión esencial para asegurar a la Comunidad internacional y a las ONG en particular, que dará cumplimiento a sus intenciones de garantizar a los defensores de derechos humanos de Colombia la libertad de acción a la que tienen derecho.
El discurso del Sr. Vicepresidente, que afirma obtener buenos resultados en materia de derechos humanos gracias a la política de seguridad democrática, es absolutamente contradictorio con las políticas y acciones llevadas a cabo por el gobierno colombiano, que muy menudo restringen los derechos humanos y las libertades fundamentales. No es posible que el gobierno colombiano reitere su compromiso de cumplir con las recomendaciones del sistema de Naciones Unidas, y que al mismo tiempo adopte medidas contrarias a las mismas, como la atribución de facultades de policía judicial a las fuerzas armadas. En cualquier caso, resulta inaceptable que el Vicepresidente de Colombia se permita afirmar que los mecanismos de Naciones Unidas que han visitado Colombia en 2003 viajaran a Colombia « con ideas preconcebidas » y que éstos, al constatar las evidentes violaciones de derechos humanos en Colombia « con esta actitud, le hacen daño al sistema de relatores de Naciones Unidas. ».
La FIDH y sus asociaciones miembro expresan igualmente su preocupación por la utilización tendenciosa de las estadísticas en materia de derechos humanos por parte del Sr. Vicepresidente. Si bien es cierto que el número de asesinatos disminuyó en 2003, debe señalarse que los homicidios por razones políticas aumentaron durante este mismo periodo. Si es igualmente cierto que el número de asesinatos de sindicalistas disminuyó significativamente, no es menos cierto que las cifras contínuan siendo las más altas de América Latina y del mundo. Tampoco se menciona en este discurso que el número de detenciones arbitrárias aumentó significativamente durante 2003.
Si compartimos su apreciación de que persisten problemas graves para lograr un funcionamiento eficiente de la justicia, resulta muy significativo que no se trate acerca del problema más importante del sistema de administración de justicia colombiano que consiste en la existencia de una impunidad en casi la totalidad de los casos referentes a violaciones de derechos humanos, incluidas las cometidas por la fuerza pública, a menudo en connivencia con los grupos paramilitares. Del mismo modo, la FIDH y sus organizaciones miembro consideran que los problemas de la administración de la justicia se ven agravados en particular por la interferencia del ejecutivo en las decisiones judiciales.
La FIDH y sus organizaciones miembro denuncian firmemente cualquier tipo de acto terrorista. No obstante, es evidente que interpretar el conflicto social y político de Colombia en tanto que lucha de un Estado colombiano plenamente democrático contra la amenaza terrorista implica una estrategia deliberada de omisión de la responsabilidad del Estado Colombiano en los casos de violaciones de los Derechos Humanos ante la Comunidad Internacional. La FIDH y sus organizaciones miembro consideran que en ningún caso, la lucha contra el terrorismo puede ser utilizada como pretexto para omitir la responsabilidad de un Estado en materia de derechos humanos ni para aplicar medidas contrarias al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.