La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su honda preocupación frente a la amenaza de muerte que fue recibida el día jueves 20 de agosto, en forma de sufragio, al despacho del Magistrado Julio Enrique Socha, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema.
La FIDH condena este acto que se inscribe en un contexto de reiteradas amenazas contra los magistrados de la Alta Corte. Así, el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, denunció « constantes evidencias de posibles atentados contra su vida y misteriosas llamadas telefónicas » (Vanguardia, El Presidente de la Sala Penal recibió amenazas de muerte, 21 de agosto de 2009). También se abrió recientemente una investigación después de que la Corte Suprema hubiera sido alertada sobre un posible plan de atentados contra los magistrados y miembros de sus familias.
Estas amenazas intervienen en un momento decisivo para una eventual segunda reelección del Presidente Uribe. El miércoles 19 de agosto, el Senado aprobó el informe de conciliación del referendo reeleccionista y el próximo martes el texto se discutirá en la Cámara del Congreso.
La votación del miércoles se realizó en un ambiente muy tenso, no sólo por las críticas de la oposición que denunció no haber podido expresarse, sino sobre todo por los allanamientos que la Corte Suprema de Justicia está llevando a cabo en estos días en las casas de algunos congresistas, en el marco de investigaciones que apuntan a determinar si recibieron prebendas al momento de votar sobre la primera reelección del Presidente Uribe. Los magistrados auxiliares de la Corte, junto con agentes del CTI, encontraron después de más de 15 horas de allanamiento, 783 millones de pesos en efectivo, 13 mil dólares y títulos valores en la casa del senador Alirio Villamizar, en Bucaramanga (Santander). A esto cabe agregar que continúan también las investigaciones de la Alta Corte contra más de 80 congresistas por vínculos con paramilitares. Todo esto se tradujo, en debates muy hostiles de varios senadores contra la Corte Suprema, algunos de ellos interpretando las investigaciones y los allanamientos como un acto de represalía en contra de los « reeleccionistas ».
Por lo tanto, la FIDH urge al gobierno colombiano a que condene estas amenazas y brinde toda la protección necesaria a los magistrados y sus familias de la Corte Suprema. La FIDH pide al Presidente Uribe, a los demás miembros de su gobierno y al Presidente del Congreso que reconozcan públicamente la labor transcendental de la Corte Suprema para la Justicia y la Democracia en Colombia y que velen por que se respete su independencia.