El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desea expresar su extrema preocupación acerca de la situación de los defensores de derechos humanos, en particular de los derechos de los campesinos, de la población negra y de los indígenas, en Colombia, quienes son víctimas de permanentes y graves amenazas, hostigamientos y seguimientos.
El Observatorio ha sido informado sobre la seria amenaza recibida el día 10 de febrero de 2005, hacia las 11h00 de la mañana, a través de un volante (panfleto) con el "logo" del Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que fue dejado por debajo de la puerta en las instalaciones de la Federación Nacional de Cooperativas Agrarias (FENACOA), ubicada en Bogotá, en el cual, se amenaza de muerte al Sr. José Antonio Guerrero García, Gerente de FENACOA, y, se señalan como objetivo militar la Sra. Edilia Mendoza, dirigente Nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR); y los Sres. Everto Díaz, Presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), y Germán Bedoya, Presidente del Coordinador Nacional Agrario (CNA).
El Observatorio ha conocido también que el 10 de noviembre de 2004, varios miembros que hacen parte del Ejecutivo de FENSUAGRO, fueron víctimas de seguimiento por parte de dos hombres desconocidos, que se movilizaban en una motocicleta sin placas. Ese mismo día, se estacionó frente a la sede de FENSUAGRO, un vehículo con dos hombres de civil quienes permanecieron en ese lugar durante dos horas aproximadamente, luego de lo cual y al ver salir a otro de los directivos de la Federación, realizaron una llamada desde una cabina telefónica cercana al sitio, para retirarse posteriormente, justo cinco minutos antes que llegaran los agentes de la policía a quien se acudió en este caso.
Igualmente, el Sr. José Antonio Guerrero García, quien se encuentra incluido en el programa de protección a líderes políticos y sindicales del Ministerio del Interior, ya ha sido amenazado en varias oportunidades. En octubre de 2004, sus escoltas recibieron una llamada telefónica, en la cual les manifestaban que "ya sabían cuáles eran las regiones en las que trabajaban los dirigentes agrarios de FENACOA, y que con escoltas o sin ellos, los matarían". En agosto de 2004, el Sr. Guerrero García recibió una llamada telefónica en la sede de FENACOA, en la cual un hombre que no se identificó le sugirió "que abandonara el trabajo que realizaba en la Federación, o de lo contrario se atuviera a las consecuencias".
El Observatorio recuerda con preocupación que además, el 22 de junio de 2004, el Sr. Benedicto Caballero, Vicepresidente del Consejo Administrativo de FENACOA, fue asesinado en la vereda de la Mula del municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, al parecer debido a la labor que realizaba en esta región y que, anteriormente, el 17 de febrero de 1999, el Sr. Julio Alfonso Poveda, dirigente agrario y uno de los fundadores de dicha Federación, fue asesinado en cercanías a la oficina de FENACOA en Bogotá y que estos asesinatos aún se encuentran en la impunidad.
Además de todo esto, el Observatorio recuerda las detenciones tanto masivas como individuales, el desplazamiento forzoso, los asesinatos continuos y selectivos de dirigentes indígenas (más de 100 personas en el año 2004 y más de 10 en los primeros 45 días de este año según el Equipo Internacional de ANUC-UR), dirigentes campesinos y afro colombianos, y la tortura y el exilio de que han sido víctimas varios integrantes de las organizaciones campesinas en Colombia desde hace varios años, y la impunidad reinante en cada uno de estos casos, situación que se ha agudizado con la implementación de la política de seguridad democrática (Ver en particular Llamados Urgentes COL 003/0204/OBS 014 y COL 020/1104/OBS 085 acerca de tales actos en contra de los miembros de la Asociación Campesina de Arauca, ACA).
El Observatorio manifiesta su preocupación por el hecho que el Gobierno, a pesar de sus obligaciones legales y de su compromiso en el marco de los planes de cese de hostilidades, no tome las medidas necesarias para investigar a nivel policial todos los crímenes cometidos por los grupos paramilitares durante este proceso. Más grave aún, en momentos en que bajo el beneplácito del Congreso de la República, el gobierno adelanta un proceso de supuesta desmovilización con estos grupos, se tolera la impunidad absoluta para todos sus crímenes a través del Alto Comisionado para la Paz y su Vicepresidente. El Observatorio recuerda que este tipo de amenaza por parte de bloques paramilitares se produjo repetidas veces contra dirigentes sociales y sindicales en todo el país y que tales actos siguen impunes (Ver Llamados Urgentes COL 018/1004/OBS 082 y COL 020/1104/OBS 085).
El Observatorio considera que estas nuevas amenazas contra importantes dirigentes campesinos y agrarios del país son actos de hostigamiento realizados con el fin de obstaculizar a su trabajo de asistencia e información a las comunidades campesinas sobre sus derechos. En particular, al parecer se pretende impedir que se fortalezca la lucha por la Reforma Agraria Integral, la Soberanía Alimentaria, el derecho a la territorialidad y la vida digna.
El Observatorio recuerda que Colombia, de acuerdo con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, tiene el deber de proteger el derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1), y de garantizar "la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (Art.12.2). Tales obligaciones del Estado se encuentran igualmente proclamadas por la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas [AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)], adoptada por la Organización de los Estados Americanos el 7 de junio de 1999.
El Observatorio, seriamente preocupado por esta grave situación de los defensores de los derechos humanos Sres. Antonio Guerrero, Edilia Mendoza, Everto Díaz, y Germán Bedoya, y de todos los defensores de las comunidades campesinas, indígenas y negras en Colombia, y con el fin de contribuir a mejorar su situación, le urge a que se tomen todas las medidas oportunas para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica, otorgándole las medidas de protección necesarias para el ejercicio de su trabajo y además, que se asegure que cese el hostigamiento en su contra, el cual está destinado a negar y reprimir el ejercicio de los derechos garantizados en la declaración arriba mencionada.
Confiando en su apego por los derechos humanos, muy atentamente,
Sidiki KABA
Presidente de la FIDH
Eric SOTTAS
Director de la OMCT