El 27 de marzo de 2012, fue hallado el cuerpo sin vida del Sr. Manuel Ruíz , líder de restitución de tierras de las comunidades afrodescendientes de Curvaradó y Jiguamiandó y miembro del Comité de Censo del Consejo Comunitario de Apartadocito, Carmen del Darién, Departamento del Chocó, buscado junto con su hijo, Samir de Jesús Ruíz Gallo, de 15 años, desde su desaparición el pasado 23 de marzo. Sus restos fueron identificados por familiares, hoy 28 de marzo. También hoy, se halló otro cuerpo en el sitio conocido como Cañaduzales. Estos restos sin vida podrían ser los de Samir de Jesús Ruíz Gallo.
El 23 de marzo de 2012, el Sr. Manuel Ruíz y su hijo fueron retenidos por paramilitares, supuestamente miembros de las “Águilas Negras”. El Sr. Manuel Ruíz se comunicó con su familia informando de que habían sido obligados a descender del vehículo en el punto conocido como “El Basurero”, cerca del puente del Río Sucio, y que les exigían 2 millones de pesos para dejarlos en libertad.
Antes de estos incidentes, el Sr. Manuel Ruiz y su hijo habían sido abordados y retenidos en Mutatá por efectivos policiales.
Más tarde, el mismo día, se conoció que los paramilitares, entre ellos, el Sr. José de Jesús Moya Asprilla, apodado el “Cucho”, afirmaron a familiares de las víctimas que el Sr. Manuel Ruíz y su hijo Samir de Jesús habían sido asesinados y sus cuerpos arrojados debajo del puente de Río Sucio.
El Observatorio destaca que el Sr. Manuel Ruíz, el día siguiente a su desaparición, tenía que guiar a las autoridades gubernamentales en la inspección, en cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional A-045 de 7 de marzo de 2012, del área conocida como “Los Piscingos”, ocupada de mala fe por empresarios desde 1996 luego de operaciones paramilitares. En este contexto, cabe mencionar que el Sr. Manuel Ruíz era uno de los 38 integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó que se encuentran amenazados de muerte por paramilitares. En este contexto, según las informaciones recibidas, el Sr. Manuel Ruíz había recibido amenazas debido a la reclamación de tierras de empresarios poseedores de mala fe, concretamente de los Sres. Victor Ríos, Fabian Ríos y Carlos Ríos, a través de sus administradores conocidos como el “Viyo” y el Sr. Leonel Holguín Suescún. A pesar de que el Sr. Manuel Ruíz había solicitado medidas de protección de los programas de protección del Gobierno, las autoridades competentes sólo le habían brindado un celular.
De acuerdo con las informaciones recibidas, a pesar de la activación institucional del Sistema de Búsqueda de personas desaparecidas, ninguna autoridad civil se ha movilizado con prontitud a la región para acceder a los lugares donde se sospechaba que podían estar los restos de los desaparecidos. Así, la carga de la búsqueda ha quedado en miembros de la familia e integrantes del Consejo Comunitario que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad del Curvaradó.
“Condenamos rotundamente el asesinato del Sr. Manuel Ruíz y el probable asesinato de su hijo Samir de Jesús Ruíz Gallo y tememos que estos execrables y brutales hechos estén vinculados a las actividades del Sr. Manuel Ruíz en defensa de los derechos de las comunidades desplazadas y por la restitución de tierras", ha dicho Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT. “Asimismo recordamos que la labor de los líderes de la población desplazada por la devolución de sus tierras es de alto riesgo debido a una situación sistemática de amenazas, agresiones y asesinatos en su contra como represalia a sus actividades de defensa de los derechos humanos”.
“Exigimos que se tomen de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores y defensoras de la población desplazada y de los demás defensores de derechos humanos en Colombia, así como realizar una investigación independiente tendente a identificar y sancionar a los responsables", ha agregado Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. “La omisión de medidas efectivas de protección por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales para prevenir hechos como estos, así como la falta de persecución penal de los responsables, genera la consecuente responsabilidad por parte del Estado colombiano”.
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