En marzo de 2016, la Cámara de Diputados - la cámara baja del Congreso de Chile - ya se había pronunciado contra la prohibición total del aborto, instaurada en 1989 al final de la dictadura de Augusto Pinochet. De acuerdo con esta legislación, todavía en vigor, cualquier tipo de aborto, incluso terapéutico, está prohibido. El Código Penal prevé penas de prisión para las mujeres que abortan, así como quienes contribuyen a realizarlo [1]. Varios órganos de protección de los tratados de las Naciones Unidas han criticado en repetidas ocasiones estas leyes drásticas y han recomendado a las autoridades chilenas establecer excepciones a la prohibición general del aborto [2]
El 6 de septiembre de 2016, la Comisión de Salud del Senado, tras varios meses de debate y de haber escuchado a más de 50 expertos, académicos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil, aprobó la idea de legislar, primer paso para continuar la tramitación del proyecto ante el Senado. La decisión fue adoptada por tres votos contra dos, gracias al voto a favor de la senadora del partido de los demócratas cristianos, quienes tradicionalmente se oponen al texto. El proyecto presentado por Michelle Bachelet en enero de 2015 debe todavía ser examinado por la Comisión Constitución y Hacienda, antes de pasar a un nuevo debate y votación en el Senado.
"El proceso legislativo no ha terminado, pero esta votación es alentadora. Chile debe ahora definitivamente adoptar este proyecto de ley. La situación de las mujeres chilenas en materia de derechos sexuales y reproductivos es dramática y urgente."
La Presidenta Bachelet debería darle el carácter de urgente al proyecto de ley para que el proceso siga avanzando de forma acelerada y su discusión no se dilate aun más.
Si se adopta la ley, la próxima pelea será su aplicación efectiva. En muchos países de todo el mundo, aunque el aborto no es criminalizado, y en otros sólo autorizado en algunos casos, su acceso continua siendo un desafío.
Además, Dimitris Christopoulos, presidente de la FIDH señala que
"aunque la adopción de esta ley sería un avance importante, las excepciones propuestas son todavía muy restrictivas. La penalización del aborto, incluso parcial, lleva a las mujeres a abortar de forma clandestina, poniendo en peligro su salud e incluso su vida".
Las leyes que prohíben o limitan el acceso al aborto de hecho generan numerosos violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas, poniendo en peligro su salud física y mental, su derecho a la educación y a la no discriminación. La imposibilidad de las mujeres para elegir sí y cuándo tener hijos también afecta en gran medida su participación en la vida pública y política.