La dictadura militar de Pinochet, con sus miles de ciudadanos torturados y asesinados, y el agravamiento de las desigualdades sociales y económicas, dejó como legado una constitución obsoleta que data del año 1980, la cual impedía cualquier intervención del Estado en favor de una distribución más justa de la riqueza y los derechos sociales. Después del regreso a la democracia en 1990, la presidencia de Michelle Bachelet inició en 2015 un alentador diálogo ciudadano en ocho mil encuentros locales.
En octubre de 2019, los chilenos y chilenas – en particular jóvenes y pueblos indígenas – llevaron adelante un alzamiento social en protesta contra la desigualdad económica y de género y por mejores servicios públicos, cuestionando el modelo de Estado Subsidiario consagrado en la Constitución de 1980 que entrega la provisión de los derechos económicos, sociales y culturales al mercado, exigiendo reformas estructurales que pusieran a los derechos sociales y los derechos humanos como eje central del actuar del Estado. Sin embargo, estas luchas fueron duramente reprimidas: el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile contabilizó en marzo de 2020 más de 1.500 víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Al final de esta represión sin precedentes desde la vuelta a la democracia, los partidos políticos representados en el Congreso alcanzaron un "Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución" el 15 de noviembre de 2019.
En septiembre de 2020, más del 78% del electorado optó por redactar una nueva constitución. En mayo de 2021 se eligieron 154 miembros en una Asamblea Constituyente paritaria con 17 escaños reservados para los pueblos indígenas.
Esta asamblea, a través de sus debates y trabajos, produjo un proyecto de 388 artículos que garantizan los derechos humanos en Chile. El proyecto de Constitución define a Chile como un: “Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, promoviendo un modelo de desarrollo compartido y solidario que garantice la dignidad, la libertad, la igualdad entre los seres humanos, el laicismo, el derecho al aborto y los derechos a la educación gratuita, la salud pública, el trabajo y la vivienda a través de la seguridad social. También incluye el aumento de la autonomía de los territorios indígenas, los derechos medioambientales y la lucha contra el cambio climático.
Este proceso democrático ejemplar, que permitiría dejar atrás la dictadura si se aprueba la nueva Constitución, es una fuente de esperanza para todas las democracias en crisis.