Guiados por los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos relevantes.
Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece una serie de derechos los cuales se han comprometido a respetar los Estados, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Recordando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la obligación de los Estados de respetar las garantías judiciales, en el marco también de la obligación general de respeto a los derechos humanos mediante la adopción de las medidas necesarias para hacerlos realidad.
Reconociendo que en las últimas décadas la Región de América ha sido protagonista de actos de violencia, crímenes contra la humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, perpetrados por agentes estatales y no estatales, en contextos de dictaduras, democracias autoritarias y conflictos armados internos.
Considerando que nuestros países de América tienen deudas históricas para sancionar crímenes contra la humanidad que ocurrieron en el pasado, pero también crímenes que continúan sucediendo en gran escala como detenciones arbitrarias, tortura, asesinatos, desplazamientos internos y desapariciones forzadas.
Recordando que, como lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad es causa y consecuencia de las violaciones graves a los derechos humanos.
Preocupados por la creciente militarización de la seguridad pública, así como por el aumento de la violencia y el deterioro del Estado democrático de derecho en el continente americano.
Reconociendo que la región suma además, una gran número de personas periodistas y defensoras de derechos humanos asesinadas en los últimos años.
Apurados por el aumento en la tasa de homicidios violentos, así como por la recurrencia de los casos de detenciones arbitrarias, desaparición y torturas que permanecen en total impunidad.
La FIDH, reunida en Taipei, Taiwán del 21 al 25 de octubre de 2019 en su 40 Congreso Mundial, insta a los gobiernos de las Américas a que:
- Realicen esfuerzos hacia la erradicación de la violencia, particularmente, de los asesinatos que son causados por una política de seguridad militarizada.
- Opten por estrategias de seguridad ciudadana tendientes a la prevención de los delitos.
- Reafirmen su compromiso con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
- Soliciten asistencia a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, y/o a la Corte Penal Internacional para la implementación de mecanismos extraordinarios de lucha contra la impunidad y la corrupción, que coadyuven en: la investigación y persecución de crímenes atroces, desmantelamiento de redes de criminalidad, a potenciar el derecho a la verdad y asegurar el intercambio de competencias, conocimientos y buenas prácticas para el fortalecimiento de las instituciones estatales.
- Construyan a nivel regional mecanismos eficaces y sencillos de cooperación interestatal para la búsqueda de personas desaparecidas, particularmente de personas migrantes, tendientes a dar respuesta sobre la suerte y paradero a las familias que les buscan.
- È Fortalezcan la cooperación con la Corte Penal Internacional a fin de que esta ejerza la complementariedad positiva en los casos de su competencia.