El próximo 19 de noviembre de 2004 tendrá lugar la vista por la que la 2ª Cámara Criminal del Tribunal de Justicia del Estado de Pará decidirá acerca de los recursos interpuestos por el Ministerio Público pidiendo la anulación del juicio en el que se absuelve a 147 militares presuntos responsables de la masacre de Eldorado de Carajás, así como la celebración de un nuevo proceso.
De la primera fase del juicio, que tuvo lugar en mayo de 2002, sólo resultaron dos sentencias de condena en un proceso repleto de irregularidades y negligencias, como la destrucción de pruebas durante la investigación de los hechos y la ausencia de realización de pruebas básicas para la identificación de los culpables. Si bien es cierto que el coronel Mario Corales Pantoja y el capitán Raimundo José Almendra Lameira, fueron condenados a altas penas de prisión por ordenar estas muertes, éstos fueron posteriormente liberados en aplicación de la ley Fleury, que prevé la libertad para aquellos condenados que hayan interpuesto un recurso y que gocen de buenos antecedentes y de « buena conducta » (Ver comunicado de la FIDH de 23 de mayo de 2002).
La FIDH resalta que este clima de impunidad no puede más que favorecer la grave situación de los trabajadores sin tierra en Brasil. En los últimos diez años han sido asesinados 142 trabajadores sin tierra y respecto de estos hechos, sólo existen dos condenas relativas al caso de la masacre de Eldorado, y como ha sido señalado los condenados se encuentran libres gracias a la aplicación de la ley Fleury. También existen tres condenas respecto del caso del asesinato del sindicalista Bartolomeu Moraes da Silva. De forma paralela, en estos últimos diez años, alrededor de 650 trabajadores sin tierra han sido encarcelados, en su mayoría por la ocupación de tierras improductivas.
La FIDH urge al Tribunal de Justicia del Estado de Pará, siendo su ponente el magistrado Romulo Nunes, adopte una decisión conforme a las normas y los principios internacionales de derechos humanos, manteniendo la sentencia que condenó al coronel Colares Pantoja y al capitán Raimundo Jose Almendra Lameira y sometiendo a los demás policías a un nuevo juicio en el que se respeten las exigencias del debido proceso.
De este proceso depende la credibilidad del sistema de justicia de Brasil respecto de poner fin a la impunidad que reina en la casi totalidad de los casos que se refieren a las violaciones de derechos humanos contra los trabajadores sin tierra.