• ¿Cuáles consideran que han sido las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno y las empresas durante la preparación del Mundial?
Se cree que al menos 150.000 personas se han visto afectadas por desalojos forzosos relacionados con la preparación del Mundial. No hay una estimación oficial del número de personas afectadas. En varias ocasiones, el Gobierno brasileño ha incumplido la normativa relativa al derecho a la vivienda. Miles de familias han sido desalojadas sin previo aviso, han recibido indemnizaciones inadecuadas y han sido realojadas, la mayoría de las veces, en asentamientos distantes de su lugar de origen.
Han muerto ya nueve obreros en las obras de reforma o de construcción de los estadios del Mundial. En este período se han llevado a cabo varias huelgas. Las reivindicaciones van desde el aumento salarial hasta protestas por la falta de respeto de las leyes laborales. El motivo de una de las huelgas, llevada a cabo en el estadio de Maracanã, fue la reivindicación de mejores condiciones laborales, ya que el Consorcio Maracanã —formado por las empresas Odebrecht, Delta y Andrade Gutierrez— sirvió en la comida de los trabajadores de la obra pasta y alubias en mal estado, lechuga con bichos y leche caducada.
En Río de Janeiro, estamos asistiendo al establecimiento de un cerco militar a las zonas más pobres. A principios de abril casi 3.000 militares ocuparon el barrio de favelas de Maré, situado en una de las vías de acceso a la ciudad. Otra docena de favelas está ocupada militarmente. Las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que nos quieren vender como uno de los grandes legados de los megaeventos de Río, y que se presenta a la población como un proyecto de seguridad, cuya finalidad sería “retomar los territorios antes dominados por el narcotráfico”, son, en la práctica, una forma de limpieza étnico-social para preparar estas áreas y entregárselas al capital, tras garantizar la seguridad de los turistas y de las élites residentes en estas áreas gentrificadas.
La mayoría de las UPP se han instalado en zonas turísticas: en la Zona Sur, área hotelera, y en la Zona Norte, en el entorno del Estadio de Maracanã. En las áreas donde se instalan las UPP, la policía ejerce control sobre la vida cotidiana de los habitantes, lo que desencadena reacciones por parte de las personas residentes, que terminan siendo criminalizadas y algunas cuales pueden incluso acabar muriendo.
• La ola de protestas sociales del año pasado a raíz de los enormes gastos, megaconstrucciones y posible corrupción, ¿ha sido atendida por parte del Gobierno? ¿Cambió en algo la situación posteriormente? ¿El descontento social sigue presente?
Las manifestaciones continúan. Una ola de huelgas y de paros ha movilizado a los trabajadores brasileños. Hay varios sectores en huelga: los trabajadores del servicio de limpieza, choferes y cobradores, el profesorado y el funcionariado del sistema público de enseñanza de Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, el personal del Ministerio de Cultura así como el personal de vigilancia de bancos.
No se han abordado los problemas estructurales de Brasil. Tenemos todavía grandes lagunas en educación, salud, vivienda, movilidad y empleo. La policía brasileña es una de las más letales del mundo. Los datos del último anuario brasileño de Seguridad Pública muestran que tan solo en 2012 murieron casi 2.000 personas en confrontaciones con miembros de la policía. El Estado brasileño responde con violencia a las demandas populares. Durante las protestas de 2013, y ahora en 2014, se utiliza de forma indiscriminada armamento "no letal" contra los manifestantes, lo que causa lesiones, ceguera e incluso la muerte. Se intentan acallar con prácticas ilegales, como la denominada “prisión de investigación” o el encarcelamiento masivo, las reivindicaciones que surgen en las calles.
• ¿Existe el riesgo de criminalización de las protestas sociales por parte del Gobierno actual?
La Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) del Senado está tramitando el proyecto de Ley 508/2013, que tipifica como delito de vandalismo la promoción de actos colectivos de destrucción, daño o incendio de inmuebles públicos o privados, equipamientos urbanos, instalaciones de medios de transporte de pasajeros, vehículos y monumentos.
Las protestas reivindican más derechos y un deseo de mayor participación política. En vez de escuchar a las calles, el Gobierno ha iniciado un proceso de criminalización como respuesta a las demandas populares. Primero fue el intento de aprobar la ley antiterrorista (PLS 499/2013) y ahora intentan aprobar el PLS 508/2013. Esta iniciativa de ley atenta contra la libertad de expresión y de manifestación. El proyecto propone inicialmente la tipificación de conductas ya existentes en el código penal brasileño, así como el endurecimiento de las penas, como ocurre en caso de daño simple al patrimonio, castigado con penas de 1 a 6 meses. En el PLS 508/2013, un delito con la misma tipificación penal, cometido en un contexto de manifestaciones, pasaría a ser castigado con penas de entre dos y cinco años. Esta política busca la criminalización de conductas ocurridas durante las manifestaciones y hace peligrar el derecho de manifestación.
• Los organismos de defensa de los derechos humanos como Justicia Global tienen previstas acciones o actividades antes, durante y/o luego del Mundial ¿Cuáles son?
Justicia Global permanecerá alerta para recibir notificaciones sobre violaciones de derechos humanos que ocurran durante el Mundial y estamos organizando también, con el Comité Popular del Mundial y de las Olimpiadas (Comitê Popular da Copa e Olimpíadas) de Río de Janeiro, visitas a zonas que han sufrido intervenciones debido a los eventos deportivos, favelas destruidas, áreas empobrecidas con vigilancia policial ostensible y reasentamientos. Además de esto, durante el Mundial lanzaremos una campaña contra la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos. La campaña es una colaboración entre Justicia Global, Terra de Direitos y FrontLine.