El pasado lunes 13 de Enero, se inició una amplia movilización de diversos sectores de la sociedad bolivariana con diversas reivindicaciones: el rechazo al ALCA, el rechazo de la venta de gas a Estados Unidos y a Chile, una pausa en la erradicación de cocales, el rechazo a la presencia de tropas extranjeras en Bolivia, etc...
Este mismo día se inició un bloqueo de caminos en diversos puntos del país y particularmente en la carretera que une Santa Marta y Cochabamba y en la carretera de Oruro a la Paz, donde más de 6000 trabajadores jubilados recorren 150 km. Igualmente, se están desarrollando marchas y manifestaciones en diversas ciudades del país.
Las fuerzas de policía y el ejército, que han movilizado 10.000 efectivos con el objeto de controlar las carreteras, han recurrido a un uso desproporcionado de la violencia, provocando 4 muertes y numerosos heridos por impacto de bala. Igualmente, según informaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, se habría procedido a unas 250 detenciones arbitrarias. En el marco de una visita institucional de esta asociación a la Base Aérea de Cochabamba se pudo constatar la situación de 165 detenidos, quienes habían sido detenidos de forma ilegal e indiscriminada, sufrían lesiones de distinta índole y se encontraban en condiciones infrahumanas. Del mismo modo, se han registrado allanamientos abusivos e ilegales en contra de pobladores de poblaciones como Aguirre y Colomi y se ha podido verificar que miembros de las fuerzas armadas utilizan edificios públicos (hospitales y escuelas) como campamentos militares.
La represión se ha extendido igualmente a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales y a los representantes políticos movilizados. El martes 14 de Enero, se detuvo arbitrariamente a la Sra. Judith Camargo, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba. Igualmente han sido detenidos el periodista Marco Caballero y al diputado nacional Luis Cutipa.
La FIDH recuerda al gobierno de Bolivia su obligación de respetar y de garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de manifestación, proclamados en particular en el artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículos 18 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
La FIDH llama al gobierno de Bolivia a que libere de inmediato a todas aquellas personas que hayan sido detenidas de manera arbitraria y que inicie una investigación exhaustiva e imparcial acerca de los hechos arriba mencionados sucedidos en los últimos días y que los responsables sean sancionados según disponga la ley. Igualmente, se urge al gobierno de Bolivia, así como a todos los responsables de las fuerzas de policía que se adopten todas las medidas oportunas para que en ningún caso se emplee la violencia para la represión de manifestaciones pacíficas y que en cualquier otro caso, la violencia empleada por la fuerza pública sea proporcional a los hechos acontecidos.
Finalmente, la FIDH llama al gobierno de Bolivia a iniciar un diálogo serio y efectivo con los sectores sociales movilizados, capaz de encontrar soluciones duraderas a los problemas planteados.
Represión de la protesta social
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se encuentra extremamente preocupada por la situación de violencia que se vive en Bolivia. En efecto, numerosas movilizaciones sociales y cortes de ruta iniciados a partir del pasado 13 de Enero han sido fuertemente reprimidos por las fuerzas militares y la policía, provocando 4 muertes, alrededor de 50 heridos y aproximadamente 250 detenciones arbitrarias.