En el marco de una movilización iniciada el 15 de Septiembre, se iniciaron protestas y cortes de ruta en todo el país con el objeto de denunciar el proyecto del gobierno de exportar gas a America del Norte mediante un puerto en Chile, sin verdadero beneficio para los ciudadanos de Bolivia.
Tales protestas han sido fuertemente reprimidas por las fuerzas militares y la policía, provocando hasta la fecha 31 muertos y alrededor de 120 heridos. La FIDH condena sin reservas esta criminalización de la protesta social.
La FIDH condena en particular la actuación del Ejército en El Alto, que enfrentó este fin de semana a un gran número de manifestantes con armas pesadas y tanquetas, provocando la muerte de 20 ciudadanos, entre ellos un niño de cinco años. Esa represión se suma a la del 21 de septiembre en Warisata que acarreó un saldo de 6 muertos y 20 heridos.
La FIDH recuerda que el uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno de Bolivia no constituye un hecho aislado. A este efecto, la FIDH recuerda la represión de marchas pacificas ocurridas en enero y febrero de 2003, que implicaron 27 muertos y 83 heridos (ver comunicado de la FIDH del 17/01/2003).
La FIDH recuerda al gobierno de Bolivia su obligación de respetar y de garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de manifestación, proclamados en particular en el artículo19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
La FIDH urge al gobierno de Bolivia, así como a todos los responsables de la fuerza pública, a adoptar todas las medidas oportunas para que en ningún caso se reprima de manera violenta manifestaciones pacíficas y que en cualquier otro caso, la violencia empleada por la fuerza pública sea proporcional a los hechos acontecidos.
En consecuencia, la FIDH llama al gobierno de Bolivia a iniciar un diálogo serio, tranparente y efectivo con los sectores sociales movilizados, con el objeto de llegar a soluciones duraderas a los problemas planteados, recordando la extrema pobreza de la población de orígen indígena y la discriminación étnica de la que es objeto. Del mismo modo, la FIDH se urge a las autoridades de Bolivia a iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los actos abusivos por parte de la fuerza pública con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicar las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.
Del mismo modo, la FIDH urge a los organismos internacionales y regionales de defensa y protección de los derechos humanos a que expresen su preocupación ante el gobierno de Bolivia por esta situación. En particular, la FIDH llama al secretariado general de la Organización de Estados Americanos a recordar al gobierno de Bolivia los compromisos contraidos con arreglo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y al Parlamento europeo a pronunciarse sobre esta cuestión mediante una resolución.