Este trabajo pretende acercar información nueva, complementaria y alternativa al Ilustre Comité, a
la presentada por el Estado argentino, en su "Cuarto Informe Periódico de la República Argentina
en virtud del artículo 19 de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos y Penas
Crueles, Inhumanos y Degradantes" (en adelante, Convención contra la Tortura o Convención),
instrumento ratificado -sin reservas- por Argentina el 24 de septiembre de 1986.
1. En la primera parte de este informe destacaremos cuestiones que tienen que ver con la
organización institucional del país y la situación socio-política en la que deben contextualizarse las
circunstancias que luego expondremos y analizaremos. También señalaremos aquí, en forma
sucinta, los avances y retrocesos en este período en la aplicación de la Convención en Argentina,
y una referencia a las cuestiones formales relativas al informe presentado por el Estado.
2. Comenzando a abordar los Principales problemas de Argentina en materia de tortura,
expondremos en primer lugar datos estadísticos e información de carácter general que permiten
observar un preocupante incremento de los casos de tortura y el carácter sistemático de la
práctica.
En segundo lugar, informaremos sobre las denigrantes condiciones de detención que deben
padecer las personas que se encuentran privadas de su libertad en cárceles y comisarías del país.
3. Luego, en el apartado Reacción judicial frente a este tipo de casos se intenta describir y analizar
el accionar de la justicia frente a estos hechos. Este accionar se caracteriza por la falta de
investigación profunda de los casos, las demoras en los procesos, el bajo porcentaje de causas
que llegan a juicio y la utilización de calificaciones legales más benignas de las que corresponden
en aquellos casos que terminan con condenas judiciales, como así también la falta de un abordaje
adecuado del problema de la sobrepoblación carcelaria.
4. En el acápite Políticas institucionales que promueven la tortura, se ponen de manifiesto las
condiciones políticas que posibilitan, y en algunos casos directamente alientan, la práctica de la
tortura: política criminal implementada, modificaciones legislativas impulsadas, persecuciones y
hostigamientos a defensores de derechos humanos, etc.
5. En la parte denominada Obstáculos en la persecución y castigo de los crímenes cometidos
durante la dictadura nos explayaremos sobre los inconvenientes que deben sortearse en la lucha
contra la impunidad de los crímenes cometidos durante el régimen militar que gobernó el país
durante el período 1976-1983.
6. Finalmente dedicaremos un apartado para analizar las políticas del Estado en materia de
reparaciones por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.