Este informe es el resultado de un año de investigación que incluyó una misión que se llevó a cabo del 24 al 29 de marzo del 2008. En ello, se puso especial énfasis en las causas de la dilación y de las dificultades para el impulso y enjuiciamiento de las personas responsables de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura, a fin de formular recomendaciones que puedan contribuir a un mayor avance de estos juicios, y, por consiguiente, al respeto y a la realización del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, junto con una garantía de no repetición de estos crímenes para Argentina.
A más de 20 años de la caída del régimen militar que mantuvo a Argentina en el terror durante casi una decenia, y cuatro años después de la decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucional las leyes de amnistía, las llamadas "ley del punto final" y "ley de obediencia debida", se calcula que, de un total que se estima a 922 presuntos responsables, solamente 38 han sido condenados.
Aproximadamente 350 se encuentran procesados pero no han sido condenados todavía, y entre ellos, unos 77 estarían excarcelados. Además, cabe destacar que, en la región de la capital, el proceso de justicia se ha enfocado principalmente en los militares y policías de alta jerarquía y, por tanto, mayor responsabilidad criminal en los hechos, mientras que en las causas del interior del país habría mayor cantidad de implicados subalternos que han podido ser identificados y procesados.
"Así, el informe presenta los avances judiciales de estos ultimos años pero también muestra que estos no han logrado adquirir la eficacia necesaria. En particular, se teme que los procesos actuales se alarguen indebidamente y lleven a la ausencia de justicia", dijo Gaston Chilier, director ejecutivo del CELS.
Se observaron varias deficiencias que afectan al normal desarrollo de los procedimientos judiciales:
"El mayor problema es la falta de celeridad que se debe, entre otros, a carencias en la organización de las causas que deberían ser racionalizadas y unificadas, a faltas de recursos del sistema judicial, y a dilaciones excesivas debidas a la interposición de numerosos recursos, muchos de ellos con finalidad dilatoria", declaró por su parte, Manuel Ollé, professor de derecho y Abogado.
"A esta falta de celeridad cabe agregar que los aparatos policiales y militares obstaculizan el avance de las causas, al no cumplir con la obligación de dar accesibilidad a los archivos, y al no colaborar en las investigaciones, además del impedimento de personas de determinados estamentos políticos argentinos o incluso de algunos operadores judiciales que por su proximidad con los imputados o los postulados de la dictadura dificultan el avance de los juicios", especificó Juan Carlos Capurro, Presidente del CAJ.
"En este contexto, no se ha brindado la suficiente protección a las víctimas y a los testigos que han sido objeto de ataques, el caso más grave siendo la desaparición de Julio López en el 2006", denunció Graciela Rosenblum, presidenta de la LADH.
Finalmente, se identificaron fallas en la aplicación del principio de publicidad de los juicios.
Es urgente que las autoridades argentinas remedien a estas carencias a fin de permitir la realización del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación antes de que los responsables de la dictadura desaparezcan o lleguen a ser inhabilitados por su edad avanzada.
Estas disfunciones requieren una urgente solución, solución que debe ser acordada desde el consenso con instituciones oficiales y la sociedad civil, en el que los organismos e instituciones nacionales se involucren para la realización de la justicia en Argentina.
La audiencia en la CIDH será retransmitida en: http://www.cidh.org/Audiencias/seleccionar.aspx